27/02/26.-
Miguel Marín, conocido como alias ‘Negro Marín’ y sindicado como cabecilla de la presunta organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, fue extraditado desde España y arribará este 27 de febrero al Perú para afrontar cargos por organización criminal ante el sistema judicial.
El proceso se inició el 30 de octubre de 2025, cuando el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla emitió una orden de captura internacional en su contra. Cinco días más tarde, el 5 de noviembre, autoridades españolas confirmaron su detención. El 7 de enero de 2026, el Consejo de Ministros de España aprobó su entrega mediante extradición voluntaria, decisión que fue comunicada oficialmente el 16 de enero. Posteriormente, entre el 22 y el 27 de febrero, se realizaron las coordinaciones con Interpol Lima para concretar el traslado. Su llegada está prevista para esta noche.
El nombre de ‘Negro Marín’ aparece vinculado a una disputa criminal con Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, señalado también por presuntos vínculos con redes de extorsión y violencia en Lima. Ambos habrían protagonizado una pugna por el control del cobro de cupos en obras de construcción en Lima Norte, una actividad ilegal que, según investigaciones fiscales y reportes policiales, se sostuvo mediante amenazas y homicidios.
Información periodística atribuye a ‘Negro Marín’ y a otro presunto integrante de la red, alias ‘Jorobado’, participación en al menos 27 asesinatos cometidos en distritos del norte de la capital, en el marco de esta disputa territorial.
La organización habría operado bajo un esquema sistemático de extorsión a empresas constructoras y trabajadores, imponiendo pagos obligatorios para permitir la ejecución de obras. El sector construcción terminó convertido en un campo de confrontación entre bandas, con consecuencias letales para obreros y empresarios.
La extradición de Miguel Marín representa un avance en la cooperación judicial internacional y un mensaje de que la fuga al extranjero no garantiza impunidad. Sin embargo, también deja en evidencia la magnitud que alcanzaron las redes de extorsión en el sector construcción, un rubro clave para la economía y la generación de empleo.
El hecho de que estas organizaciones hayan operado durante meses —e incluso años— bajo un esquema de amenazas y asesinatos plantea interrogantes sobre la capacidad preventiva del Estado. La disputa por “cupos” no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia revela debilidades en la fiscalización de obras, en la protección a trabajadores y en la respuesta temprana frente a denuncias de extorsión.
La llegada de ‘Negro Marín’ abre ahora un nuevo capítulo judicial. El reto no solo será lograr una sentencia sólida, sino desarticular de manera estructural las redes que permiten que estas economías criminales se reorganicen bajo otros nombres. Sin reformas profundas en inteligencia policial, control territorial y protección a víctimas, el ciclo de violencia podría repetirse.