11/04/26.-
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial planteó sancionar disciplinariamente a un grupo de magistrados por su actuación en el caso vinculado al expresidente Ollanta Humala, específicamente por la orden de ejecución inmediata de prisión. La propuesta surge tras una evaluación interna realizada por la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que analizó la conducta funcional de los jueces involucrados.
De acuerdo con el documento difundido, se recomienda aplicar multas diferenciadas a los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. En concreto, se propone una sanción del 10% de la remuneración para una de las juezas y del 5% para los otros dos integrantes del colegiado.
La ANC sostiene que estas medidas se encuentran dentro de un rango menor al previsto para faltas muy graves, lo que evidencia una calificación moderada de la infracción. Asimismo, argumenta que la decisión cumple con criterios de proporcionalidad, descartando que se trate de una sanción arbitraria.
Sin embargo, el caso abre un debate relevante sobre los límites del control disciplinario frente a decisiones jurisdiccionales. La posibilidad de sancionar a jueces por resoluciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el riesgo de generar precedentes que puedan influir en futuras decisiones. Este escenario refleja la tensión entre la necesidad de supervisión institucional y la autonomía que requiere el sistema de justicia para operar con imparcialidad.
