13/04/26.-
En medio de un clima de creciente tensión política tras las Elecciones Generales 2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó la apertura de una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La medida surge a raíz de múltiples incidencias reportadas durante la jornada electoral, que han puesto en entredicho la eficiencia del organismo encargado de organizar los comicios.
La decisión fue tomada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del pleno de la JNJ, luego de revisar denuncias ciudadanas que apuntan a presuntas fallas en la planificación y ejecución del proceso electoral. Según el pronunciamiento oficial, estas alertas activaron los mecanismos de supervisión dentro del ámbito de sus atribuciones constitucionales.
Como parte del procedimiento, se dispuso encargar a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe exhaustivo sobre el proceso mediante el cual Corvetto fue ratificado en el cargo, lo que podría abrir un nuevo frente de cuestionamientos sobre la idoneidad de su permanencia al frente de la ONPE.
La JNJ subrayó que la investigación se llevará a cabo respetando el debido proceso y los derechos de los involucrados, reafirmando su compromiso con la legalidad y el orden constitucional. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto particularmente delicado, donde la confianza ciudadana en las instituciones electorales muestra signos de desgaste.
Las críticas se han concentrado principalmente en Lima, donde se evidenciaron retrasos en la entrega de material electoral, afectando la instalación oportuna de mesas de sufragio. Este tipo de fallas logísticas, aunque no necesariamente determinantes en los resultados, sí impactan directamente en la percepción de transparencia y eficiencia del sistema electoral.
El inicio de esta investigación no solo representa un paso institucional de control, sino que también refleja la presión social y política por esclarecer responsabilidades. En un escenario donde la legitimidad de los procesos electorales es clave para la estabilidad democrática, cualquier señal de desorganización o falta de previsión puede convertirse en un factor de desconfianza que trasciende lo administrativo y se instala en el terreno político.