Después de un intenso trabajo en el Congreso de la República, la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía aprobaron la solicitud de la congresista Marleny Portero para obligar a los gobiernos subnacionales a utilizar el 1% de su presupuesto para atender las necesidades de las personas con discapacidad (PCD).
Recordando, la vigésima novena disposición complementaria final del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022 solo autoriza a los gobiernos locales y regionales a utilizar el 0.5 % de su presupuesto a proyectos de inversión de mejora de la infraestructura y accesibilidad en favor de las PCD, y otro 0.5 % en gastos corrientes y programas de apoyo.
A lo largo de la sesión del Pleno, donde se debatió el Presupuesto 2022, la parlamentaria sostuvo su pedido para modificar la palabra “autorizar” por “obligar”, con la finalidad de que exista un trabajo real para reducir las brechas de atención a las PCD en todas las municipalidades y gobiernos regionales del país.
El primer texto sustitutorio no incluye la modificatoria, solo una pequeña frase en la que se hace la advertencia para priorizar el gasto de este punto porcentual del presupuesto en favor de las personas con discapacidad, lo que deja aún a la voluntad política del alcalde o gobernador la inversión de estos montos.
Al respecto, la legisladora Portero López exigió una intervención para lamentar la falta de voluntad e interés del Gobierno central por ejercer una verdadera política de atención en favor de este importante grupo poblacional.
Ante el reclamo y con las coordinaciones con los equipos técnicos de ambas instituciones, previos a la votación de los proyectos de Endeudamiento Público, Equilibrio Fiscal y de Presupuesto 2022, el presidente de la Comisión, Héctor Acuña, dio cuenta de la decisión de hacer la modificación de la vigésimo novena disposición complementaria, la misma que culminó con su aprobación.
C.P.V.