11/02/26.-
Stephany Vega presentó su renuncia irrevocable al cargo de asesora de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, poniendo fin a una designación que estuvo marcada por cuestionamientos públicos y controversias políticas. En su carta de dimisión, la funcionaria sostuvo que no se sentía en condiciones de continuar trabajando para el actual Gobierno y atribuyó su salida a un deterioro de su salud mental, producto de la exposición mediática constante desde que asumió el puesto.
Vega señaló que los cuestionamientos no solo afectaron su desempeño profesional, sino también su estabilidad emocional y la tranquilidad de su entorno familiar. En ese contexto, dejó entrever la existencia de presiones políticas e intereses contrarios a sus principios personales y profesionales, aunque sin precisar responsables ni hechos concretos. Esta ambigüedad refuerza la percepción de un clima interno tensionado, donde las disputas políticas terminan trasladándose a la gestión pública.
La renuncia se produce tras una serie de revelaciones periodísticas sobre el incremento de su patrimonio en los últimos años. De acuerdo con una investigación televisiva, la abogada adquirió vehículos de alta gama y un departamento valorizado en más de 120 mil dólares, lo que despertó dudas sobre la correspondencia entre sus ingresos y su nivel de gasto. Vega respondió defendiendo la legitimidad de su crecimiento económico y asegurando que sus logros fueron producto de su trayectoria laboral.
Más allá de las explicaciones personales, el caso vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los mecanismos de transparencia y control en los altos niveles del Estado. La salida de Vega no solo refleja el costo personal de la exposición pública, sino también la falta de claridad institucional para enfrentar cuestionamientos patrimoniales y políticos que, lejos de resolverse, terminan erosionando la credibilidad del Gobierno y alimentando la desconfianza ciudadana.