11/02/26.-
El Indecopi advirtió a las familias de estudiantes de colegios privados que condicionar la compra de uniformes, útiles escolares o materiales didácticos a marcas o establecimientos específicos constituye una infracción sancionable con multas que pueden alcanzar las 450 UIT, equivalentes a más de S/2.4 millones. La entidad precisó que estas prácticas vulneran los derechos del consumidor y afectan directamente la economía de los hogares.
De acuerdo con el organismo regulador, en los últimos años se ha identificado un patrón reiterado de incumplimientos en determinadas instituciones educativas privadas. Estas conductas, calificadas como faltas de idoneidad, restringen la libertad de elección de los padres y generan sobrecostos injustificados. Entre 2021 y 2025, Indecopi impuso 647 sanciones en diversas regiones del país, que en conjunto superan las 1.189 UIT en multas.
La institución también recordó que los colegios no pueden exigir la entrega total de la lista de útiles el primer día de clases ni solicitar materiales ajenos a las actividades pedagógicas. Los insumos deben ser requeridos de manera gradual y con un plazo mínimo de 30 días calendario desde el inicio del año escolar. Asimismo, está prohibida la exigencia de equipos o artículos que no estén directamente relacionados con el proceso de aprendizaje.
Indecopi subrayó que los padres tienen el derecho de elegir libremente dónde adquirir los productos escolares, de acuerdo con su capacidad económica, y que los textos no necesariamente deben ser nuevos, salvo en casos de cuadernos de trabajo de un solo uso. También se debe garantizar la participación de los apoderados en la selección de los libros.
El pronunciamiento se da en un contexto en el que el gasto escolar puede oscilar entre S/600 y S/1.200 por alumno, según estimaciones empresariales. Este escenario pone en evidencia la necesidad de una fiscalización más efectiva, ya que la imposición de marcas y proveedores no solo encarece la educación, sino que revela una preocupante falta de control frente a prácticas que normalizan el abuso económico sobre las familias.