BUSCAN A POLICÍA EN HUARAZ TRAS SUBIR A CAMIONETA DE COLEGA

26/02/26.-

La suboficial de tercera Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años e integrante de la Policía Nacional del Perú, continúa desaparecida en la ciudad de Huaraz desde el sábado 21 de febrero. Las últimas imágenes que se tienen de ella fueron captadas por cámaras de seguridad, donde se le observa subiendo a la camioneta de un compañero de la institución.

De acuerdo con la información oficial, la agente salió al mediodía de su centro de labores ubicado en el sector de Paltay y, desde ese momento, se perdió todo contacto con ella. Ante la gravedad del caso, las autoridades intervinieron al suboficial José Villafán Arteaga, de 52 años, propietario del vehículo en el que fue vista por última vez. El efectivo es investigado por su presunta implicancia en un delito contra la libertad.

La camioneta fue hallada en Lima y puesta a disposición de los peritos para las diligencias correspondientes. En paralelo, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial la ampliación del plazo de detención del investigado para profundizar las pesquisas. Equipos especializados realizan operativos de búsqueda en zonas rurales, revisan registros de videovigilancia y analizan equipos electrónicos relacionados con el caso.

Familiares de la suboficial han exigido mayor celeridad en las labores para ubicarla. La institución policial, por su parte, aseguró que la investigación se desarrolla sin encubrimientos y bajo estrictos protocolos. Rucana Silvestre cuenta con ocho años de servicio y en los últimos tres se desempeñó en el Departamento de Medio Ambiente.

La desaparición de una agente policial bajo estas circunstancias plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la transparencia institucional. El hecho de que el principal investigado pertenezca a la misma entidad refuerza la necesidad de una investigación independiente, rigurosa y supervisada por el Ministerio Público. Casos como este afectan la credibilidad de la institución y demandan respuestas rápidas, comunicación clara y resultados concretos. Más allá de la responsabilidad individual que pueda determinarse, el Estado tiene la obligación de garantizar que no exista ningún tipo de encubrimiento y de asegurar justicia en un contexto donde la violencia y las desapariciones generan creciente preocupación ciudadana.