10 JUNIO 2025.- Transitar entre montones de basura, recorrer a diario calles deterioradas y convivir con la delincuencia o con constantes noticias de corrupción en el distrito no debería considerarse normal. Sin embargo, esa ha sido la realidad impuesta por autoridades locales, que han hecho de estos problemas parte del día a día de los ciudadanos.
Esta situación no puede aceptarse como costumbre. Vivir en medio del desorden y la inseguridad es consecuencia de gestiones municipales que, en lugar de garantizar servicios básicos de calidad, han optado por aumentar considerablemente su gasto en personal, sin que ello represente mejoras reales para la población.
Uno de los casos más significativos es el de la Municipalidad Provincial del Callao, hoy dirigida por Pedro Spadaro (Renovación Popular), que incrementó su presupuesto en planillas de S/52.7 millones en 2019 a S/111.9 millones en 2024, un alza del 112.2%. Le siguen San Martín de Porres (103.1%), liderada por Hernán Sifuentes (Podemos Perú); San Juan de Lurigancho (98.0%), con Somos Perú; y Los Olivos (92.1%), también bajo Podemos Perú.
Otros municipios con aumentos considerables son San Juan de Miraflores (79.3%), Bellavista (72.4%), San Borja (54.7%) y Ate-Vitarte (42.0%). En contraste, Santiago de Surco muestra el menor incremento con 20.6%.
Esta expansión de planillas choca con la realidad: calles sin iluminación, parques descuidados, basura acumulada y obras detenidas. Todo ello adquiere mayor importancia tras la reciente ley aprobada por el Congreso que duplica el porcentaje del IGV destinado al Foncomun, de 2% a 4%, sin sustento técnico.
Expertos como Waldo Mendoza advierten que la norma podría costarle al Estado S/10,000 millones al año, debilitando la sostenibilidad fiscal. Aunque el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, asegura que los fondos se destinarán exclusivamente a inversión pública, el comportamiento reciente de las municipalidades genera desconfianza.
La pregunta de fondo es: ¿se está gastando este dinero de manera eficiente o se está alimentando una burocracia inflada e ineficiente? Porque más allá de cifras y leyes, lo que está en juego es la calidad de vida de millones de peruanos.
