Martes 13 de Junio del 2023.-El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha publicado hoy su decisión tras escuchar la denuncia presentada por Camila (seudónimo) una niña indígena del Apurímac, quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta que quedó embarazada a los trece.
De tal manera el Comité de la ONU determinó que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto terapéutico legal en el país.
Camila nació en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana. Cuando se quedó embarazada en 2017, un familiar la llevó a un hospital de Abancay, donde rompió en llanto y anunció al personal de salud que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada. Esa petición fue reiterada en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico.
Según, el comité de la ONU el aborto está penalizado en Perú salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.
Además, el Comité pidió a Perú, entre otras cosas, que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
«Saludamos el valor que Camila ha demostrado al defender sus derechos y presentar su caso ante nosotros a pesar de los numerosos obstáculos enfrentados», declaró Skelton.
«Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida», añadió.