09/06/26.-
El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala, quien busca revertir la condena de 15 años de prisión impuesta en primera instancia por el delito de lavado de activos relacionado con presuntos aportes ilícitos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Durante la audiencia realizada este 9 de junio, los abogados del exmandatario argumentaron que, en el periodo en que ocurrieron los hechos investigados, los aportes a campañas políticas no estaban tipificados expresamente como delito de lavado de activos bajo la legislación peruana vigente. Bajo esa línea de defensa, solicitaron que se aplique el mismo criterio utilizado recientemente en otros procesos vinculados al financiamiento político.
La defensa insistió en que debe prevalecer el principio de “igual razón, igual derecho”, señalando que existen decisiones judiciales donde aportes electorales irregulares no fueron considerados automáticamente como lavado de activos. Con ello, buscan que el TC declare vulnerados derechos fundamentales como el debido proceso y la libertad individual.
Humala fue condenado por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas presidenciales. La sentencia también ordenó su internamiento en el penal de Barbadillo, donde actualmente permanece recluido.
El recurso constitucional presentado intenta anular tanto la condena como la medida de prisión efectiva. Sin embargo, el caso vuelve a abrir un debate complejo sobre los límites entre financiamiento político irregular y lavado de activos, especialmente en procesos relacionados con grandes redes de corrupción en América Latina.
El proceso contra Humala se convirtió en uno de los casos emblemáticos derivados del escándalo Odebrecht en el Perú, investigación que alcanzó a expresidentes, exfuncionarios y líderes políticos de distintas tendencias. Por ello, cualquier eventual decisión del Tribunal Constitucional podría tener impacto no solo en la situación jurídica del exmandatario, sino también en futuros casos vinculados al financiamiento de campañas electorales.
Especialistas advierten que el debate jurídico gira en torno a la interpretación de la ley penal y al principio de legalidad, es decir, si puede sancionarse como lavado de activos una conducta que no estaba claramente delimitada en el momento de los hechos. Otros sectores, en cambio, sostienen que flexibilizar este criterio podría debilitar la lucha anticorrupción y generar una percepción de impunidad frente a delitos relacionados con dinero ilícito en la política.
Ahora será el Tribunal Constitucional quien deberá definir si existieron vulneraciones constitucionales en el proceso judicial seguido contra Ollanta Humala o si la condena emitida por el Poder Judicial se mantiene firme.