04/02/26.-
Pese a un escenario político marcado por normas impulsadas desde el Congreso que buscan favorecer la impunidad, el Poder Judicial dictó una sentencia de 20 años de prisión efectiva contra el oficial del Ejército en retiro Roberto Villar Chamorro por el asesinato con alevosía de ocho civiles ocurrido en 1994 en la región Huánuco. El condenado, quien años después integró el grupo Chavín de Huántar, fue hallado responsable de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
Los hechos se produjeron entre el 28 y 31 de marzo de 1994 en el caserío Cayumba Chico, provincia de Leoncio Prado, cuando Villar Chamorro, entonces capitán del Ejército y jefe del operativo militar Paraíso, lideró una patrulla que ejecutó extrajudicialmente a ocho personas. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad y un adulto mayor, asesinados con armas de fuego y armas blancas tras ser detenidos arbitrariamente.
Durante el juicio, la Fiscalía de Derechos Humanos logró sustentar la responsabilidad directa del acusado a partir de testimonios y peritajes que confirmaron que las detenciones y ejecuciones fueron ordenadas por el propio oficial. Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles a los familiares de las víctimas.
El proceso judicial, iniciado en 1994, estuvo marcado por dilaciones, periodos de inactividad y la condición de reo contumaz del acusado durante más de una década. Recién en 2025, tras su detención, el caso se reactivó y concluyó con una sentencia antes del plazo previsto.
Esta condena se emite en un contexto de fuerte confrontación entre el Congreso y el Poder Judicial. Desde el Parlamento, sectores liderados por Fuerza Popular han promovido leyes que permitirían la prescripción de crímenes de lesa humanidad, lo que ha sido cuestionado por jueces y organismos de derechos humanos. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó abiertamente el fallo y acusó al Poder Judicial de desacatar la ley, llegando incluso a intervenir en audiencias judiciales, hechos que han sido interpretados como intentos de presión política.
Frente a estos ataques, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, defendió la independencia judicial y respaldó la aplicación del control difuso por parte de los magistrados, subrayando que su deber es hacer prevalecer la Constitución por encima de normas que consideren inconstitucionales.
El caso Villar Chamorro no solo representa un acto de justicia tardía para las víctimas, sino que también pone en evidencia la tensión entre la búsqueda de verdad y reparación frente a los intentos políticos por reescribir la responsabilidad del Estado en los crímenes del pasado.
