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A pocos días de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara una investigación por presuntas irregularidades en la compra de 1.007 pistolas checas CZ P-09, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, oficializó la entrega de estas armas a efectivos de la Policía Nacional del Perú en el Callao, pese a que el proceso de adquisición aún se encuentra bajo cuestionamiento fiscal.
La investigación, a cargo de la fiscal Mónica Silva Escudero, se abrió ante la sospecha de que la Región Policial del Callao habría incumplido exigencias técnicas fundamentales durante la licitación, presuntamente con el objetivo de favorecer a un proveedor específico. El contrato, valorizado en más de 3.8 millones de soles, es negado como irregular por el Ministerio del Interior, aunque la documentación del propio proceso plantea serias contradicciones.
Las bases técnicas elaboradas por el área especializada de la PNP establecían que las pistolas de 9 mm debían contar obligatoriamente con tres mecanismos de seguridad: seguro interno, seguro manual externo ambidiestro y sistema de desmartillado. No obstante, el Comité de Selección optó por el modelo CZ P-09, que no reúne de forma simultánea todos estos requisitos, pese a que otras propuestas sí los cumplían.
Durante la ceremonia de entrega, se evidenció que las armas distribuidas no presentaban las características exigidas en las bases. Especialistas consultados confirmaron que el modelo entregado no cumple integralmente con los estándares técnicos definidos por la propia Policía, lo que abre un serio cuestionamiento sobre la seguridad del personal que las utilizará.
Aunque el Ministerio del Interior sostiene que el proceso se ajustó a la normativa y que algunas características eran opcionales, las respuestas formales del Comité de Selección indican lo contrario, estableciendo dichos mecanismos como obligatorios. La discrepancia entre la versión oficial y los documentos del proceso refuerza los indicios de una contratación direccionada.
Más allá del debate técnico, el caso expone una preocupante práctica institucional: la entrega y uso de armamento cuestionado mientras se desarrolla una investigación fiscal. Ello no solo compromete la transparencia del Estado, sino que pone en riesgo la integridad de los efectivos policiales, en un contexto donde la seguridad pública exige decisiones claras, responsables y libres de toda sospecha.