CONGRESISTA EDWIN MARTÍNEZ PIDE DESTITUIR A JEFA DEL RENIEC

07 NOVIEMBRE  2025.-  El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, solicitando que se evalúe su responsabilidad y su eventual destitución. El parlamentario señala que la funcionaria habría incurrido en una falta grave relacionada con el tratamiento de la información personal de millones de peruanos.

Según el documento, la acusación se centra en la presunta divulgación masiva e indebida de datos personales y sensibles pertenecientes a alrededor de 27 millones de ciudadanos. Martínez asegura que esto se concretó el 27 de octubre de 2025, cuando la entidad difundió en su plataforma institucional la Lista del Padrón Inicial (LPI), exponiendo información que debía estar protegida.

El congresista remarca que Velarde, como máxima autoridad de Reniec, estaba obligada a impedir que información reservada sea puesta en circulación sin filtros ni medidas de seguridad. Por ello, considera que la responsabilidad del impacto y posibles daños recae directamente sobre ella.

La denuncia se respalda en la Ley Orgánica de la JNJ, que faculta a destituir al titular del Reniec, y en la Ley Orgánica del Reniec, que permite la remoción por faltas graves o por actos que comprometan la dignidad del cargo. Para Martínez, la difusión de información sensible se ajusta a esa causal.

Si se confirma que la lista fue publicada sin medidas de protección, ahora existe un riesgo real de que esos datos hayan sido descargados, replicados o vendidos en mercados ilegales. Con esa información expuesta, se incrementan riesgos de suplantación de identidad, estafas digitales y acceso fraudulento a servicios bancarios o estatales. Es decir, ya no solo se trata de una falta administrativa: podría derivar en daño directo y masivo a millones de ciudadanos. Por eso la decisión de la JNJ será clave: podría marcar un precedente de responsabilidad institucional frente a filtraciones de datos en el Estado.