17 junio 2025.- El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que no existen pruebas suficientes para confirmar la existencia de una red de prostitución en el Parlamento. Sin embargo, sí se identificaron numerosas irregularidades en los procesos de contratación y concesión de permisos, especialmente dirigidos a trabajadoras del Congreso, lo que fue calificado como un “festín” administrativo.
La hipótesis sobre una presunta red de trata surgió tras el asesinato de Andrea Vidal y su vinculación con Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Aunque la comisión no descarta por completo la posibilidad de delitos como proxenetismo o favorecimiento a la prostitución, señala que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones, con herramientas como el levantamiento del secreto bancario o telefónico de los implicados.
El documento subraya que se han detectado patrones reiterados de contratación irregular, sobre todo de personal femenino, lo que podría estar relacionado con prácticas sexistas. Estas acciones podrían encajar dentro del delito de nombramiento ilegal de cargo público, contemplado en el artículo 381 del Código Penal. Entre los casos mencionados figuran los de Andrea Vidal Gómez, Alexandra Gil Ramírez e Isabel Cajo Salvador.
El informe también responsabiliza directamente a Jorge Torres Saravia por supuestamente usar su cargo para favorecer a mujeres con las que tenía vínculos personales. Además, se critica a Alianza para el Progreso por una posible captura política de la estructura administrativa del Congreso, mediante designaciones estratégicas, incluyendo a la hija política de César Acuña.
Finalmente, se advirtió un incremento exagerado del personal congresal y una posible red informal que direccionaba los puestos de trabajo. Por ello, se solicitó la intervención de la Contraloría y del Ministerio Público para investigar los hechos.