30/04/26.-
La Contraloría General de la República alertó sobre graves irregularidades en la gestión de equipos biomédicos adquiridos durante la pandemia y destinados a centros de salud del Callao, evidenciando una preocupante brecha entre inversión pública y atención efectiva a los pacientes.
Durante una supervisión reciente, se detectó que 24 equipos permanecían almacenados sin uso, mientras otros 22 operaban sin cumplir con los protocolos formales de registro y control. El lote, valorizado en cerca de 1.7 millones de soles, fue comprado en 2021, entregado dos años después y distribuido recién a finales de 2025, reflejando una cadena de retrasos que compromete su impacto en el sistema sanitario.
Entre los dispositivos identificados figuran cabinas PCR, refrigeradoras para reactivos y microcentrífugas. Algunos equipos continuaban embalados o sin instalación adecuada, mientras otros funcionaban sin documentación que garantice su trazabilidad, lo que abre la puerta a posibles irregularidades administrativas.
El vocero de la entidad, Geral Flores, advirtió que la falta de formalización en la transferencia limita el control patrimonial y eleva el riesgo de pérdidas o uso indebido. A ello se suma una asignación poco eficiente, con equipos enviados a establecimientos que no cuentan con las condiciones técnicas necesarias, en lugar de priorizar centros con laboratorios operativos de forma permanente.
La situación impacta directamente en la ciudadanía. En el Hospital Daniel Alcides Carrión, usuarios denunciaron la falta de equipos funcionales, lo que los obliga a recurrir a servicios privados para realizarse pruebas médicas, incrementando sus gastos y evidenciando fallas estructurales en la gestión pública de salud.
El caso expone no solo deficiencias logísticas, sino también una preocupante ausencia de planificación y control por parte de las autoridades regionales. La falta de respuesta del Gobierno Regional del Callao frente a estos hallazgos refuerza la percepción de desinterés institucional ante una problemática que afecta directamente el acceso y la calidad de los servicios de salud en una de las zonas más vulnerables del país.