El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, informó que ha sido blanco de amenazas de muerte dirigidas contra él, su familia y su entorno cercano, luego de impulsar intensas requisas en penales de todo el país. Según relató, la semana pasada recibió dos llamadas con una hora de diferencia en las que desconocidos le exigían detener los operativos, advirtiendo que su vida corría peligro si continuaba.
Paredes sostuvo que estas intimidaciones provienen de organizaciones criminales afectadas por las intervenciones que han permitido decomisar celulares, tomacorrientes y antenas utilizadas para extorsiones y comunicaciones ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios. Indicó que los pabellones de alta peligrosidad en Challapalca y Ancón ya están operando con mayor control, lo cual habría generado la reacción violenta de estos grupos.
El funcionario presentó la denuncia ante la Policía y espera que la Fiscalía asuma el caso. Sin embargo, las amenazas llegan en un contexto complicado para su gestión. Paredes enfrenta cuestionamientos tras conocerse que el Indecopi lo sancionó por incumplimientos en el ejercicio de su labor como abogado, incluyendo la falta de entrega de recibos, la omisión de una denuncia penal acordada y no devolver 3,500 dólares a un cliente. La multa, superior a 16,000 soles, fue pagada recién un mes después de asumir la jefatura del INPE.
Las amenazas evidencian el poder que mantienen las organizaciones criminales dentro de los penales y la urgencia de reforzar la seguridad interna. No obstante, los cuestionamientos éticos y administrativos contra Paredes comprometen su credibilidad para liderar una reforma penitenciaria real. El Estado enfrenta una doble crisis: crimen organizado que marca la agenda y autoridades cuya legitimidad está seriamente debilitada.