1/03/26.-
Jorge Cotos Ochoa inició recientemente su gestión como jefe del Instituto Nacional Penitenciario en un contexto marcado por la crisis del sistema carcelario en el país. En sus primeros días en el cargo, el funcionario encabezó operativos de control en diversos penales, buscando reforzar la seguridad y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, su designación ha generado críticas debido a antecedentes disciplinarios y denuncias que han vuelto a ponerse en debate.
Uno de sus primeros operativos se realizó en el pabellón 13 del penal de Trujillo, donde se ejecutó una requisa a más de 200 internos desde tempranas horas de la mañana. En la intervención, en la que también participó la viceministra de Justicia, se incautaron objetos prohibidos como armas blancas y conexiones eléctricas clandestinas. Posteriormente, el jefe del INPE inspeccionó las condiciones de reclusión, el área de salud y sostuvo reuniones con el personal de seguridad para evaluar medidas orientadas a fortalecer el control interno.
La agenda continuó en el penal de Chiclayo, donde supervisó los pabellones del régimen cerrado especial y del régimen ordinario, revisando las condiciones de seguridad y el funcionamiento del sistema de vigilancia.
No obstante, su nombramiento coincide con un momento de transformación institucional. El INPE se encuentra en una etapa de transición debido a la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, entidad que asumirá progresivamente sus funciones como parte de una reforma impulsada por el Ejecutivo para enfrentar la corrupción y las mafias que operan dentro de los penales.
Pese a que el Gobierno ha destacado los más de tres décadas de experiencia de Cotos en el sistema penitenciario, su trayectoria también arrastra episodios polémicos. Una investigación periodística recordó que en 2008 fue separado de su cargo como director regional del INPE en Lima tras detectarse traslados irregulares de internos, presuntamente realizados mediante documentos judiciales falsificados para mover a reclusos condenados por delitos graves entre diferentes penales.
Años después, el Tribunal del Servicio Civil evaluó el caso y determinó su responsabilidad administrativa. Aunque inicialmente recibió una suspensión sin goce de haber, tras una apelación la sanción fue reducida a una amonestación escrita.
A estos cuestionamientos se suman otros episodios que han marcado su historial. En 2016 fue denunciado por su esposa por presunta violencia psicológica, y posteriormente enfrentó una investigación fiscal por un supuesto caso de abuso de autoridad vinculado a su gestión en penales de Lima Norte. En ese proceso, el propio INPE aprobó cubrir su defensa legal.
Pese a estas controversias, Cotos es considerado un funcionario con larga trayectoria dentro de la institución. Ha ocupado diversos cargos directivos en regiones como Arequipa, Lima y la zona norte del país, además de participar en la elaboración de normas relacionadas con el sistema penitenciario y el Código de Ejecución Penal.
El nombramiento de Jorge Cotos ocurre en un momento crítico para el sistema penitenciario peruano, caracterizado por el hacinamiento, la presencia de redes criminales dentro de los penales y una fuerte presión pública por reformas estructurales. En ese escenario, la elección de una figura con antecedentes cuestionados abre un debate sobre los criterios utilizados para liderar una institución que atraviesa una etapa de reestructuración.
Si bien la experiencia técnica es un factor relevante en la gestión penitenciaria, los cuestionamientos sobre decisiones pasadas y procesos disciplinarios generan dudas sobre la credibilidad de la reforma que el Gobierno busca impulsar. La implementación de la nueva superintendencia penitenciaria podría marcar un punto de quiebre, pero su éxito dependerá no solo de cambios administrativos, sino también de la confianza pública en quienes lideran el sistema.