12/03/26.-
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público dispuso la suspensión del fiscal José Domingo Pérez por un periodo adicional de diez meses, una decisión que se suma a la reciente medida adoptada contra el fiscal superior Rafael Vela. Según la resolución difundida por Perú21, el organismo disciplinario determinó que Pérez incurrió en infracciones vinculadas a declaraciones públicas realizadas en 2023, las cuales habrían vulnerado normas internas de la institución y disposiciones establecidas en la Ley de la Carrera Fiscal.
El origen de la sanción se remonta a una entrevista concedida el 21 de abril de 2023 al programa televisivo Combutters. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Control, dicha participación no contó con la autorización correspondiente de la Fiscalía. Durante la conversación, el fiscal se pronunció sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo y el proceso de extradición que enfrentaba en ese momento.
La resolución sostiene que emitir comentarios sobre un caso en trámite y sobre el contexto político sin seguir los canales institucionales establecidos constituye una afectación a la disciplina interna del Ministerio Público. Por este motivo se impuso una suspensión de cuatro meses.
Adicionalmente, la ANC consideró que Pérez habría adelantado opinión respecto al posible encarcelamiento de Toledo durante esa misma entrevista. Este segundo punto motivó una sanción adicional de seis meses, al estimarse que el fiscal habría anticipado criterios sobre la estrategia procesal vinculada a la situación legal del exmandatario. Toledo terminaría siendo condenado posteriormente a veinte años de prisión por el caso Odebrecht y a trece años por el caso Ecoteva.
La fiscal Giuliana Ortiz, integrante de la Autoridad Nacional de Control, señaló que el derecho a informar no justifica la vulneración de la prohibición de adelantar opinión en procesos bajo competencia directa del fiscal. En su evaluación, las declaraciones públicas revelaron una postura que podía interpretarse como un anticipo del enfoque procesal del caso.
Esta no es la primera sanción disciplinaria que enfrenta Pérez. En enero pasado ya había sido suspendido por seis meses tras una resolución del Tribunal Constitucional que anuló la investigación por presunto lavado de activos iniciada en 2017 contra la lideresa política Keiko Fujimori. Actualmente el fiscal no se encuentra ejerciendo funciones dentro del Ministerio Público.
La situación contrasta con la del fiscal superior Rafael Vela, quien también fue sancionado por la Autoridad Nacional de Control, aunque continúa desempeñando sus funciones debido a que presentó una apelación contra la medida disciplinaria.
Desde una perspectiva crítica, estas sanciones reabren el debate sobre los límites entre la transparencia informativa y la disciplina institucional dentro del Ministerio Público. Por un lado, se exige a los fiscales mantener reserva y prudencia respecto a investigaciones en curso para evitar afectar el debido proceso. Por otro, en un contexto de alta exposición mediática de los casos de corrupción política, la comunicación pública de los fiscales se ha convertido en un elemento central del debate político y judicial.
El caso de José Domingo Pérez evidencia cómo la interacción entre fiscales y medios de comunicación puede convertirse en un factor de controversia institucional. Mientras algunos sectores consideran que sus declaraciones respondían a la necesidad de informar a la ciudadanía sobre procesos de alto interés público, otros sostienen que este tipo de intervenciones puede comprometer la neutralidad del sistema de justicia. La decisión de la Autoridad Nacional de Control, en ese sentido, refleja una postura más restrictiva sobre el rol comunicativo de los fiscales en casos emblemáticos del país.
