El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva para diez presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Injertos del Cono Norte, señalada por operar bajo el liderazgo de Erick Moreno, alias el Monstruo. Entre los detenidos figuran integrantes de mandos principales y niveles operativos de la presunta red delictiva.
La medida fue solicitada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, a través del Equipo 4, liderado por el fiscal provincial César Changa Echevarría, tras exponer los elementos que vinculan a los investigados con actividades criminales de alto impacto. Los imputados que afrontarán prisión preventiva son Lucero Castillo, Luis Gamarra, Gerardo Romero, Jesús Jave, Arlet Silvestre, María Quintana, Yesenia Coba, Danitza Huaya, Raúl Flores y Pedro Chujutali. En tanto, el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones para otros cuatro investigados.
De acuerdo con la tesis fiscal, esta organización criminal habría operado desde el año 2022 en distritos como Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, cometiendo delitos de extorsión, secuestro y homicidio. Las investigaciones detallan que el cobro de cupos a negocios formales alcanzaba montos iniciales de hasta 80 mil soles, mientras que transportistas informales y formales pagaban cuotas diarias o por unidad vehicular.
El dinero ilícito era recaudado mediante pagos en efectivo, transferencias y aplicativos digitales, y posteriormente enviado al extranjero a través de remesas. Desde el Ministerio Público se reiteró el compromiso de intensificar las acciones para desarticular organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana.
La decisión judicial refleja la gravedad del fenómeno de la criminalidad organizada en Lima Norte y la expansión de economías ilegales que se sostienen mediante la extorsión sistemática. Si bien la prisión preventiva constituye una herramienta clave para evitar la fuga y la obstrucción de la justicia, el caso evidencia también la necesidad de una estrategia integral del Estado que combine represión penal, inteligencia financiera y prevención social. Sin estas medidas complementarias, el desmantelamiento de una red criminal corre el riesgo de ser solo temporal, mientras nuevas estructuras ocupan el vacío dejado por las ya intervenidas.