29/04/26.-
El debate legislativo en torno al Proyecto de Ley N.° 10342/2024-CR ha reavivado la controversia sobre el tratamiento penal de la violencia de género en el país. La iniciativa, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, plantea eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y sustituirlo por la figura de “asesinato de la pareja”, lo que ha generado una inmediata reacción de rechazo en distintos sectores sociales.
Familiares de víctimas, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos advierten que esta propuesta representa un retroceso significativo. Desde la agrupación Familias Unidas por Justicia sostienen que el feminicidio no se limita al ámbito de la pareja, ya que puede ser perpetrado por exparejas, familiares o incluso desconocidos. En ese sentido, consideran que la nueva tipificación reduciría el alcance del delito, invisibilizando múltiples casos y debilitando la protección legal de las mujeres.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Flora Tristán, DEMUS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos coinciden en que la medida resulta especialmente preocupante en un contexto donde la violencia feminicida sigue en aumento. Solo en lo que va de 2026 se han registrado decenas de casos, lo que evidencia la persistencia de este problema estructural.
El análisis crítico apunta a que la propuesta desconoce la naturaleza del feminicidio como un crimen basado en razones de género. Especialistas subrayan que equiparar estos hechos con homicidios comunes distorsiona su gravedad y dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. Además, advierten que esta modificación podría generar vacíos legales y favorecer escenarios de impunidad.
En el fondo, el debate no solo es jurídico, sino político e ideológico. Mientras sectores conservadores impulsan cambios en la legislación vinculada a género, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que eliminar el feminicidio como figura penal implica negar una problemática estructural que continúa cobrando vidas. En ese escenario, la discusión plantea un desafío clave para el Estado: garantizar la protección de las mujeres sin retroceder en los estándares alcanzados en materia de derechos humanos.
