29/04/26.-
El proceso de investigación contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, sumó un nuevo episodio tras la renuncia de su abogado defensor, Ricardo Sánchez Carranza, en medio de las diligencias por las fallas logísticas registradas en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. La dimisión fue presentada formalmente ante el juzgado de investigación preparatoria, dejando sin efecto la representación legal y los canales de notificación establecidos.
Tras ello, el Poder Judicial notificó al exfuncionario para que designe un nuevo abogado en un plazo de 24 horas, bajo advertencia de asignarle defensa pública en caso de incumplimiento. Este movimiento ocurre en un momento clave del proceso, marcado por el avance de acciones fiscales que buscan restringir la libertad del investigado.
El Ministerio Público ha solicitado impedir la salida del país de Corvetto por 18 meses, además de insistir en su detención junto a otros exfuncionarios de la ONPE y un representante de la empresa proveedora vinculada a los cuestionados procesos logísticos. También se ha requerido el levantamiento del secreto de las comunicaciones como parte de la estrategia de investigación.
La renuncia de la defensa en esta etapa genera interrogantes sobre la solidez de la estrategia legal y el impacto que podría tener en el desarrollo del caso. Asimismo, el conjunto de medidas solicitadas por la Fiscalía refleja la gravedad de los hechos investigados y la presión por esclarecer responsabilidades en un proceso electoral marcado por serias deficiencias.