La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en medio de una de las investigaciones internas más delicadas de los últimos años. Un total de 44 agentes, entre comandantes y suboficiales, están bajo indagación por la supuesta desaparición de 78 armas de fuego que debieron haber sido remitidas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
No obstante, los registros oficiales no muestran evidencia de que estas armas hayan sido ingresadas al sistema, y hasta la fecha, su paradero sigue siendo un misterio. La situación ha despertado gran preocupación, ya que existe la posibilidad de que las armas incautadas en operativos policiales hayan retornado a manos de grupos criminales. La Inspectoría de la PNP ha iniciado un proceso disciplinario contra los agentes implicados, aunque el avance de la investigación ha sido lento.
Según un informe al que accedió Latina Noticias, la desaparición de estas armas ocurrió entre 2021 y 2023 en el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Comas. Las pesquisas apuntan a un incumplimiento en los protocolos de custodia, lo que habría permitido que el armamento—entre escopetas artesanales, pistolas de fogueo, pistolas de gas y réplicas de armas de fuego—nunca llegara a SUCAMEC, a pesar de que la normativa exige su destrucción.
Los documentos revisados por la Inspectoría revelan que estas irregularidades coinciden con la gestión de distintos comandantes en la unidad policial. Entre los principales investigados se encuentran:
- Jesús Milla Moreno (2021): No se ha registrado el destino de 30 armas.
- Jorge Gálvez Bedrillana (2022): Se desconoce qué ocurrió con 38 armas.
- David Carranza Veramendi (2020) y César Taira Flor (2023): También vinculados con la desaparición de armamento decomisado.
Esta situación podría comprometer seriamente la seguridad ciudadana, dado que el tráfico ilegal de armas es un factor clave en el incremento de la violencia en el país. A pesar de la gravedad del caso, los 44 efectivos investigados continúan en servicio activo. Sin embargo, la PNP ha decidido trasladarlos a otras unidades, alejándolos del DEPINCRI Comas mientras la investigación sigue su curso.
El informe señala que hasta el momento, los agentes implicados no han presentado documentación que justifique el destino de las armas desaparecidas. La falta de pruebas ha complicado el proceso, que además está sujeto a un plazo de prescripción de cinco años, de los cuales ya han transcurrido dos.
Fuentes cercanas al caso han señalado que la Inspectoría de la PNP ha clasificado la investigación como «compleja», lo que implica que la recolección de pruebas y la determinación de responsabilidades podrían prolongarse, generando incertidumbre sobre las posibles sanciones para los involucrados.
Paralelamente, una imagen difundida este martes por RPP ha causado polémica al mostrar a miembros de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, en La Libertad, compartiendo en una piscina de sauna junto a individuos identificados como presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Esta banda es señalada por su participación en actividades ilícitas como extorsión, secuestro y sicariato. En la fotografía, se observa a tres suboficiales en actitud cercana con cuatro presuntos miembros del grupo criminal.
De acuerdo con la información revelada por el medio, los agentes en la imagen han sido sometidos a medidas administrativas debido a sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Uno de los policías fue reubicado en noviembre de 2024 dentro de un grupo de efectivos trasladados por sospechas de corrupción y conexiones con bandas criminales en la región.
Otro suboficial fue identificado a través de conversaciones de WhatsApp halladas en el teléfono de Esneider García Burgos, alias ‘Taba’, un conocido extorsionador. En los mensajes, el policía solicitaba dinero a la organización criminal, incluso para financiar la cuenta de Netflix de su unidad policial, además de coordinar otras posibles actividades ilícitas.
El empresario trujillano Guillermo Ruiz ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con ‘Los Pulpos’, luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a los agentes policiales en el sauna. Ruiz calificó la situación como un “error grave” que ha perjudicado su imagen y la de su familia, y anunció que emprenderá acciones legales contra el ministro del Interior.
El escándalo se agravó después de que el Ministerio del Interior anunciara la separación de los policías involucrados en la fotografía. En respuesta, el gobernador de La Libertad, César Acuña, aseguró que tomará medidas para “limpiar la institución” policial. No obstante, Ruiz insiste en que no tiene ninguna relación con la organización delictiva y sostiene que las personas que aparecen en la imagen con él son colaboradores de sus empresas, entre ellos un contador y dos supervisores de seguridad.