15/07/26.-
La exfiscal adjunta provincial Johanny Lindao afrontará en libertad la investigación en su contra por los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y violencia contra la autoridad, luego de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dispusiera cuatro meses de comparecencia con restricciones, descartando por el momento una medida de prisión preventiva.
Como parte de las disposiciones judiciales, la investigada deberá pagar una caución de S/ 1.000, permanecer en la región Piura salvo autorización expresa del Poder Judicial y cumplir con todas las citaciones que formulen el Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades judiciales. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en medidas más severas durante el proceso.
El caso se originó tras una intervención policial realizada el pasado 11 de julio durante un operativo de tránsito en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Piura. De acuerdo con la tesis fiscal, Johanny Lindao habría dificultado la labor de los agentes al negarse a identificarse correctamente y, posteriormente, dentro de una dependencia policial, habría agredido con un cabezazo a un suboficial, quien presentó lesiones certificadas por Medicina Legal.
Durante la audiencia, la exfiscal rechazó las imputaciones penales formuladas en su contra, aunque reconoció que su comportamiento pudo constituir una falta de carácter ético. Su defensa sostuvo que el video difundido en redes sociales no refleja la totalidad de los hechos, al asegurar que fue editado y omite las circunstancias previas al enfrentamiento.
Lindao afirmó que ingresó a las oficinas policiales para solicitar que le retiraran las esposas y le permitieran comunicarse con su abogado. Según su versión, un efectivo policial respondió con insultos y la empujó, situación que, asegura, desencadenó el altercado.
Asimismo, negó haber intentado utilizar su condición de fiscal para evitar la intervención policial y sostuvo que fue el propio agente quien la identificó como integrante del Ministerio Público. También denunció haber sido víctima de un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
En relación con su situación laboral, precisó que no ha sido destituida del Ministerio Público, sino que concluyó su designación como fiscal adjunta provincial penal de Castilla. Explicó que retornará a su plaza de origen como abogada en el área de Control Interno, cargo que obtuvo mediante concurso público, argumentando que mantiene arraigo laboral.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la conducta de los funcionarios públicos frente a las intervenciones de las autoridades. Mientras la investigación deberá establecer responsabilidades con base en las pruebas y respetando el debido proceso, también será necesario esclarecer las denuncias de ambas partes sobre un posible exceso policial y la presunta agresión contra un efectivo. La transparencia de las investigaciones será determinante para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia.