24 de noviembre 2025.-
La asesora de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros, Stephany Vega Morón, ha quedado en el centro de un nuevo episodio que mezcla poder político y crimen organizado. La abogada, de 32 años y considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente José Jerí, denunció haber sido víctima de un intento de extorsión por parte de delincuentes del Callao, quienes le exigieron S/ 50 mil.
El caso salió a la luz luego de que la propia Vega relatara los hechos, remarcando que todos sus bienes –incluido un departamento de 120 mil dólares y un BMW valorizado en S/ 60 mil– fueron obtenidos “de manera lícita y bancarizada”. Su situación patrimonial ha sido objeto de debate desde hace algunos años, especialmente por el acelerado crecimiento de sus ingresos: según un informe de Panorama, entre 2021 y 2025 pasó de ganar S/ 1,558 en el Congreso a percibir S/ 16,000 como asesora en la PCM.
Este aumento coincidió con su progresiva cercanía al mandatario, una relación que quedó evidenciada en múltiples actividades oficiales e incluso en un video difundido durante una celebración en 2021, cuando aún regían restricciones por la pandemia. Dentro del Ejecutivo, algunas fuentes consultadas por el dominical describen a Vega como “la mujer más poderosa de Palacio después del presidente”, con un nivel de influencia que superaría al de varios ministros.
Ese protagonismo, según analistas y fuentes políticas, habría generado tanto atención ciudadana como interés delictivo. Su rol, visibilidad pública y acelerado ascenso profesional la habrían convertido en un objetivo para bandas criminales que buscan intimidar a funcionarios de alto perfil.
El caso de Stephany Vega evidencia un problema estructural: la combinación de poder político, poca transparencia y vulnerabilidad frente al crimen organizado. Si bien la denuncia de extorsión es grave y debe ser investigada a fondo, también resulta necesario examinar el ascenso meteórico de ciertos funcionarios y la falta de controles que rodean a los cargos de confianza. Cuando figuras con alto nivel de influencia acumulan patrimonio rápidamente sin mecanismos de fiscalización robustos, se abre la puerta a sospechas públicas y, peor aún, al interés de mafias que buscan capitalizar esa exposición. El Estado sigue mostrando debilidad tanto para proteger a sus autoridades como para garantizar claridad en la gestión pública.
