24 de noviembre 2025.-
En medio de la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, el Instituto Nacional Penitenciario ejecutó una intervención de alto impacto en el penal Sarita Colonia. El presidente del INPE, Iván Paredes, ordenó una requisa acompañada de un “apagón eléctrico” en el pabellón 1 de máxima seguridad, con el objetivo de recuperar el control interno y frenar actividades vinculadas a extorsión operadas desde las cárceles.
La operación fue dirigida por el director del penal, Luis Enrique Castro Mamani, y contó con la participación de 30 agentes penitenciarios. El equipo inspeccionó todos los ambientes del pabellón, incluidos los pisos superiores y zonas externas, donde se detectaron múltiples conexiones eléctricas clandestinas. Estas fueron cortadas junto con antenas artesanales colocadas para captar señal de televisión o facilitar comunicaciones no autorizadas.
El operativo permitió la incautación de una serie de elementos prohibidos que representan riesgos de seguridad, como cables eléctricos, antenas coaxiales, tomacorrientes, enchufes, parlantes, cocinas eléctricas, tijeras, encendedores y otros accesorios que evidencian el nivel de informalidad y descontrol existente en algunas áreas del penal. Los internos fueron trasladados al patio para una inspección corporal de acuerdo con los protocolos establecidos.
Según el INPE, estas acciones buscan reforzar el control penitenciario y golpear los mecanismos que permiten a organizaciones criminales operar desde los establecimientos penitenciarios.
La medida adoptada por el INPE evidencia la urgencia de tomar acciones en un sistema penitenciario que durante años ha permitido la presencia de instalaciones ilegales, objetos prohibidos y actividades delictivas dentro de sus propias estructuras. Aunque los operativos son necesarios, también revelan una falla sostenida en el control diario y la vigilancia interna. La presencia de cableados clandestinos, antenas y aparatos eléctricos demuestra que las mafias internas han logrado crear condiciones para mantenerse activas a pesar de las restricciones. Si bien estas intervenciones son un avance, la pregunta de fondo es si el Estado podrá sostener un control permanente dentro de las cárceles o si los “apagones” y requisas seguirán siendo parches para un problema estructural que requiere una reforma profunda.
