21 NOVIEMBRE 2025.-
Un operativo fiscal desarrollado entre el 18 y 20 de noviembre permitió el allanamiento de 11 inmuebles, entre ellos la sede del Gobierno Regional de Lima y el departamento donde la gobernadora Rosa Vásquez habría declarado vivir. La intervención forma parte del caso “Los Compadres de la Corrupción”, una pesquisa que apunta a un presunto esquema de favorecimiento a un proveedor cercano al entorno de la autoridad regional.
En el centro de la investigación se encuentra la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., beneficiada con 21 órdenes de servicio que superan los S/300 mil entre 2023 y 2025, todas emitidas durante la administración de Vásquez Cuadrado. El propietario de la compañía, César Oliva, es su compadre, vínculo que habría permitido adjudicaciones discrecionales. La irregularidad no es nueva: un reportaje de Panorama ya había revelado que la dirección fiscal de CESOLIV correspondía a una cebichería, pese a que recibía contratos para alimentación, adquisición de bienes y mantenimiento, sin contar con capacidad operativa real.
En esa misma investigación televisiva, difundida en abril, la gobernadora negó conocer al empresario, aunque existe evidencia de que es madrina de su hijo. La Fiscalía, a través del Segundo Despacho Especializado en Corrupción de Funcionarios de Huaura, lideró el megaoperativo que incluyó registros en oficinas de Gobernación y Logística, así como en viviendas vinculadas a funcionarios bajo sospecha. Uno de los inmuebles allanados fue un departamento en Residencial Los Robles, donde autoridades habrían simulado domicilio.
El fiscal Christian Manrique precisó que la intervención fue exclusivamente para incautación de documentos y bienes, sin detenciones, e involucra a ocho personas. El movimiento contó con autorización judicial y apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP.
Tras la diligencia, el Gobierno Regional de Lima publicó un comunicado oficial asegurando plena colaboración y calificando el allanamiento como un procedimiento rutinario. La administración sostuvo su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, afirmando que seguirá cooperando con las autoridades.
La gobernadora, por su parte, pidió calma a la población y afirmó que continuará con sus actividades habituales, reiterando que su gestión es “transparente e íntegra”.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la precariedad de los controles en las contrataciones públicas regionales y el uso recurrente de vínculos personales como atajo para acceder al dinero del Estado. Aunque el Gobierno Regional intenta presentar el operativo como una diligencia de rutina, la magnitud del allanamiento, el número de inmuebles intervenidos y la relación directa entre la gobernadora y el proveedor investigado revelan un escenario más grave. La contradicción entre el discurso oficial y los hallazgos preliminares evidencia una gestión que prioriza la narrativa antes que la rendición de cuentas. La investigación fiscal será clave para determinar si se trató de simples irregularidades administrativas o de un esquema de corrupción estructurado que vulneró los recursos públicos.
