26/12/25.-
El periodista Mitzar Castillejos falleció este 26 de diciembre, luego de permanecer dos semanas internado en estado crítico tras ser atacado a balazos por sicarios en la región Ucayali. El atentado ocurrió cuando el comunicador salía de su vivienda para dirigirse a la conducción de su programa radial, en un hecho que ha generado conmoción y alarma en el gremio periodístico.
Tras el ataque, Castillejos fue auxiliado inicialmente en un centro de salud de Aguaytía. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al hospital de Tingo María y posteriormente al hospital María Auxiliadora, en Lima, donde permaneció bajo atención especializada hasta confirmarse su fallecimiento.
Su muerte se produce en un escenario marcado por el incremento de la violencia contra periodistas, especialmente en regiones alejadas de la capital. El caso de Castillejos se suma a otros crímenes registrados durante 2025, año que organizaciones del sector consideran uno de los más peligrosos para el ejercicio de la prensa en el país.
Ante este hecho, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su rechazo al asesinato y exigió una sanción ejemplar para los responsables, tanto materiales como intelectuales. El gremio advirtió que el crimen no debe quedar impune y demandó una investigación célere y rigurosa por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Policía Nacional.
Asimismo, la ANP subrayó que la labor periodística de Castillejos debe ser considerada una línea central de investigación. De acuerdo con reportes locales, el comunicador había realizado denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de Padre Abad, lo que refuerza la hipótesis de un atentado directamente relacionado con su trabajo informativo.
El asesinato de Mitzar Castillejos evidencia la vulnerabilidad extrema de los periodistas en regiones donde el poder local, la corrupción y el crimen organizado se entrelazan. La falta de mecanismos efectivos de protección y la impunidad en casos similares envían un mensaje intimidatorio a la prensa, debilitando la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado. Este crimen no solo enluta al periodismo peruano, sino que pone en cuestión la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad a quienes fiscalizan el poder desde los micrófonos y las calles.