26/12/25
Un violento ataque armado interrumpió una celebración navideña en el distrito de La Victoria y terminó con la vida de dos personas en presencia de familiares, amigos y menores de edad. El hecho ocurrió a las 3:34 de la madrugada del jueves 25 de diciembre, en la avenida García Naranjo, donde Christian Augusto García Cerasuolo, de 45 años, empresario y propietario del local La Caleta, fue asesinado junto a su guardaespaldas Roberto Carlos Alama Campos, de 28 años.
Según las primeras investigaciones, sicarios que se desplazaban en una motocicleta y un vehículo irrumpieron en el lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada, sin importar la presencia de niños que jugaban en los alrededores. Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento del ataque, evidenciando que uno de los agresores vestía un chaleco policial, lo que incrementa la gravedad del caso. Testigos señalaron que se realizaron más de diez disparos consecutivos, generando pánico y caos entre los asistentes.
Tras el atentado, los atacantes huyeron rápidamente. En un intento desesperado, una persona armada y un familiar de las víctimas intentaron perseguirlos en una camioneta, pero no lograron alcanzarlos. García falleció en el acto tras recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras que Alama fue trasladado a un centro de salud, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.
Las autoridades informaron que el empresario era conocido en la zona por la organización de eventos y que habría sido víctima de extorsiones por parte de una presunta organización criminal. Todo apunta a que el ataque fue dirigido específicamente contra él, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.
Este doble asesinato expone con crudeza el nivel de violencia que azota a Lima y la impunidad con la que operan las bandas criminales, incluso en fechas simbólicas como la Navidad. La presencia de menores durante el ataque y el uso de indumentaria policial por parte de uno de los sicarios evidencian no solo el desprecio por la vida humana, sino también la erosión de la confianza en las instituciones. El caso refleja el avance del sicariato y la extorsión como problemas estructurales que el Estado aún no logra contener, dejando a la ciudadanía atrapada en un escenario de miedo e inseguridad permanente.