02/01/26.-
La Fiscalía afirmó que el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, habría dispuesto la construcción de una presunta “ruta de escape” que uniría su despacho con un garaje vehicular del Gobierno Regional del Callao. Este elemento fue presentado como uno de los principales fundamentos del pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
El planteamiento del Ministerio Público se sustenta en la investigación que afronta Castillo Rojo por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso conocido como Los socios del Callao. Durante la audiencia, la Fiscalía subrayó que el exgobernador permanece no habido desde que se solicitó su detención preliminar por 15 días y se realizó un allanamiento a su vivienda el pasado 15 de diciembre, situación que, a su criterio, refuerza el riesgo de fuga.
El fiscal Wils González Morales señaló que Castillo no tendría un arraigo domiciliario sólido y que existirían indicios objetivos de una posible evasión de la justicia. Para sustentar esta afirmación, presentó un acta de constatación policial levantada el 23 de diciembre en la sede del Gore Callao. En dicho documento se consignan trabajos de construcción ejecutados sin respaldo documental, fuera del horario regular, que habrían permitido una salida directa desde el área administrativa hacia el exterior del edificio.
Según la Fiscalía, el acta policial demostraría la existencia de una conexión física entre la oficina del gobernador regional y un garaje vehicular, sin que exista sustento técnico ni administrativo que justifique la obra. Además, se precisó que los trabajos se habrían realizado entre las 17:00 y 19:00 horas, lo que, a juicio del Ministerio Público, evidenciaría una ejecución irregular. Esta infraestructura, sostuvo el fiscal, habría facilitado un desplazamiento rápido hacia el exterior, por lo que podría ser considerada un mecanismo de escape.
Para la Fiscalía, este hecho revelaría una conducta orientada a evadir la acción de la justicia, al haberse presuntamente ordenado la construcción de la ruta fuera del horario laboral y sin la documentación correspondiente. Este argumento fue presentado como un elemento clave para sustentar el peligro de fuga, uno de los requisitos esenciales para la imposición de la prisión preventiva.
Durante la misma diligencia, el Ministerio Público también puso énfasis en la relación entre Castillo Rojo y Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor FAG del Gore Callao. Según la tesis fiscal, el vínculo entre ambos se habría iniciado antes de la contratación formal de Whu Cárdenas, quien, de acuerdo con la declaración del testigo Marco Antonio Cabrera, habría financiado la campaña electoral de Castillo. La Fiscalía sostiene que Castillo Rojo, Whu Cárdenas y la funcionaria Hiromi Zuñiga conformaron una organización criminal que operó durante el año 2023.
En respuesta, la defensa de Castillo Rojo negó que exista una ruta de escape destinada a facilitar una fuga. El abogado Humberto Abanto cuestionó que el supuesto forado señalado por la Fiscalía corresponda a un ambiente utilizado por su patrocinado. Argumentó que, debido a una artrosis deformante en la rodilla derecha, Castillo habría trasladado su despacho a un primer piso ubicado en un edificio contiguo, por lo que no hacía uso de la oficina mencionada.
El letrado ironizó sobre la versión fiscal al señalar que la supuesta ruta no conduciría a ningún punto externo relevante. Según explicó, esta solo desembocaría en la vía interna del propio edificio del Gobierno Regional del Callao, lo que descartaría una salida efectiva al exterior. Abanto sostuvo que el Ministerio Público no habría verificado adecuadamente el lugar desde donde despachaba Castillo y reiteró que la construcción no permitiría una fuga real.
Finalmente, la defensa cuestionó la solidez del requerimiento fiscal, al considerar que no existen graves y fundados elementos de convicción ni una motivación individualizada que justifique un plazo de 36 meses de prisión preventiva. Asimismo, afirmó que su defendido cuenta con arraigo domiciliario, laboral y una condición de salud que debería ser evaluada.
El debate sobre la presunta ruta de escape revela la tensión central del caso: la interpretación de indicios materiales frente a la necesidad de pruebas contundentes. Para la Fiscalía, la existencia de obras irregulares y la condición de prófugo de Castillo refuerzan el riesgo de fuga; sin embargo, la defensa busca desmontar este argumento cuestionando tanto el uso real de la oficina como el destino de la supuesta conexión. El desenlace dependerá de si el Poder Judicial considera que estos indicios superan el umbral de sospecha razonable y justifican una medida tan gravosa como la prisión preventiva, o si se trata de elementos circunstanciales insuficientes para restringir la libertad personal por un periodo prolongado.