16/06/26.-
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos presentó una acusación formal contra el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, solicitando ocho años de prisión efectiva para ambos por presuntas responsabilidades en las lesiones sufridas por dos ciudadanos durante las protestas sociales registradas el 12 de diciembre de 2022.
El caso forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer el accionar de las fuerzas del orden durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, periodo marcado por una intensa conflictividad social en diversas regiones del país. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público pidió una inhabilitación de tres años y ocho meses para ejercer cargos públicos.
Según la acusación fiscal, Renato Murillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, lesión que lo mantuvo en estado de coma durante casi dos semanas. Asimismo, Benedicto Huaccachi sufrió lesiones luego de ser alcanzado por un proyectil lacrimógeno durante los enfrentamientos registrados en las protestas.
La Fiscalía sostiene que los altos mandos policiales tendrían responsabilidad bajo la figura de comisión por omisión, al no haber evitado los hechos que ocasionaron las lesiones. En el mismo proceso también se solicitó prisión para otros efectivos policiales señalados como presuntos responsables directos o indirectos.
La acusación incluye además el pago de reparaciones civiles para las víctimas. Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de control de acusación, fase en la que el Poder Judicial evaluará las pruebas y determinará si el caso avanza a juicio oral.
Zanabria también afronta otro proceso judicial relacionado con las protestas sociales. En una investigación paralela, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión por el presunto homicidio de Víctor Santisteban, fallecido durante las manifestaciones realizadas en Lima en enero de 2023.
La acusación representa un nuevo avance en las investigaciones por las consecuencias de las protestas sociales que dejaron decenas de víctimas y continúan generando debate sobre el uso de la fuerza por parte del Estado. El caso plantea una discusión relevante sobre la responsabilidad de los mandos policiales en operativos donde se registran vulneraciones a los derechos fundamentales.
La tesis fiscal basada en la comisión por omisión busca determinar si las autoridades tenían la obligación y capacidad de prevenir los hechos investigados. De confirmarse esta responsabilidad en sede judicial, podría sentar un precedente importante en materia de rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas del orden público.
Mientras tanto, el proceso se mantiene en una etapa decisiva y será el Poder Judicial quien determine si existen elementos suficientes para llevar a juicio a los involucrados y establecer eventuales responsabilidades penales.