16/06/26.
El proceso electoral continúa sumando nuevos capítulos de controversia. El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 decidió admitir la apelación presentada por Juntos por el Perú (JPP), lo que permitirá que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúe en segunda instancia el pedido de nulidad de 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional.
La decisión se produce luego de que, días atrás, el JEE declarara improcedente la solicitud debido a que la agrupación política liderada por el candidato presidencial Roberto Sánchez no cumplió con el pago de la tasa electoral requerida, un monto que supera los dos millones de soles.
Frente a ese escenario, JPP presentó un recurso de impugnación argumentando que existen presuntos indicios de irregularidades durante la segunda vuelta electoral y solicitó que el máximo organismo electoral revise el fondo del caso. Como alternativa, el partido pidió que se le otorgue un plazo extraordinario para reunir los recursos económicos necesarios y cumplir con el requisito establecido por la normativa electoral.
La controversia surgió después de que el conteo oficial mostrara un cambio en la tendencia de los resultados, favoreciendo a la candidata Keiko Fujimori, quien pasó a liderar la votación presidencial. A partir de entonces, JPP impulsó diversas acciones legales para cuestionar parte del proceso electoral.
Entre ellas, la organización también solicitó la anulación de más de 600 mesas de votación instaladas en Estados Unidos. Sin embargo, ese pedido fue rechazado en primera instancia y la apelación posterior tampoco prosperó debido al incumplimiento del pago correspondiente exigido por ley.
Hasta el momento, la agrupación política no ha precisado con claridad si reconocerá plenamente los resultados finales de los comicios en caso de que sus recursos sean rechazados por las instancias electorales.
La decisión del JEE no implica que las mesas observadas sean anuladas, sino que el caso será revisado por una instancia superior. Sin embargo, el recurso vuelve a colocar bajo debate la confianza en el sistema electoral y el uso de mecanismos legales para cuestionar resultados adversos.
Si bien toda organización política tiene derecho a impugnar actos que considere irregulares, la fortaleza de estos cuestionamientos dependerá de la evidencia presentada y no únicamente de las sospechas o percepciones sobre el resultado electoral. Asimismo, el incumplimiento de requisitos formales, como el pago de tasas establecidas por la ley, ha debilitado parte de la estrategia legal de la agrupación.
El desafío para las autoridades electorales será garantizar que los reclamos sean atendidos con transparencia y celeridad, evitando que la incertidumbre política prolongue la polarización y afecte la legitimidad del proceso democrático.
