28/02/26.-
El Gobierno del presidente José María Balcázar dispuso el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad y los hechos de violencia en ambas jurisdicciones.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.º 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Durante la vigencia de la disposición, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú. Las zonas de intervención serán definidas por la Policía sobre la base de inteligencia operativa, estadísticas y mapas del delito.
El decreto contempla la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, las actividades públicas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que los eventos no masivos podrán desarrollarse sin ese requisito.
Las intervenciones policiales y militares se regirán por la normativa vigente sobre el uso de la fuerza. Además, se declaró en sesión permanente a instancias como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y otros comités regionales y provinciales, con el fin de articular acciones durante el periodo excepcional.
La declaratoria de estado de emergencia refleja la gravedad del panorama de inseguridad en la capital y el principal puerto del país. Si bien la medida busca reforzar la presencia operativa del Estado y generar un efecto disuasivo inmediato, su eficacia dependerá de la coordinación real entre la Policía y las Fuerzas Armadas, así como del uso estratégico de la inteligencia.
La suspensión de derechos fundamentales plantea un delicado equilibrio entre seguridad y libertades civiles. Sin una supervisión rigurosa y resultados concretos, el riesgo es que la medida se perciba como una respuesta reactiva más que estructural frente a un problema que exige reformas sostenidas en justicia, prevención y política criminal.