Desde la isla El Frontón, la presidenta Dina Boluarte anunció la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad destinado a reclusos de alta peligrosidad. Esta medida, parte de la estrategia para combatir el hacinamiento carcelario, ha generado debate en torno a la seguridad, los derechos humanos y la memoria histórica.
El proyecto contempla un establecimiento con capacidad para más de 2,000 internos, desarrollado mediante un convenio entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú. La elección de El Frontón, ubicada frente al Callao y recordada por la masacre de 1986, responde a criterios técnicos y estratégicos, pues al ser una isla brinda mayor aislamiento y reduce riesgos de fugas, corrupción o influencia del crimen organizado.
Boluarte aseguró que el plan cuenta con viabilidad técnica y no es una simple promesa. Destacó que busca descongestionar penales con sobrepoblación de hasta 140 %. El nuevo centro contará con tecnología moderna, estricta vigilancia y seguridad avanzada, previéndose que el proceso de licitación inicie en 2026 y empiece a operar en 2027.
La mandataria subrayó que el penal será parte de una ofensiva más amplia contra la inseguridad ciudadana, atendiendo el incremento de internos por delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato. No obstante, organismos de derechos humanos advirtieron que el proyecto no debe significar retrocesos en compromisos de memoria y justicia.
El Ejecutivo afirmó que se aplicarán estándares internacionales y que este penal no replicará al antiguo, sino que se diseñará como un centro moderno y supervisado. El desafío será demostrar que la iniciativa contribuya a una verdadera reforma penitenciaria y no solo quede como un acto simbólico.