14/01/26.-
A pocos días de cumplir nueve meses en prisión preventiva, el expresidente Ollanta Humala volvió al debate público al exigir su liberación inmediata, tras el archivamiento del proceso por lavado de activos contra Keiko Fujimori. Desde su lugar de reclusión, a través de un mensaje difundido en redes sociales y dictado por vía telefónica, el exmandatario cuestionó la coherencia del sistema judicial al sostener que ambos casos se sustentan en hechos que hoy la propia justicia ya no considera delito.
Humala sostuvo que el Poder Judicial cerró de manera definitiva el caso relacionado con los aportes de campaña de Fuerza Popular, lo que, a su juicio, deja sin sustento su permanencia en prisión. El exjefe de Estado remarcó que el 15 de enero se cumplirán nueve meses desde su detención por hechos que, según recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del propio Poder Judicial, no configuran ilícito penal.
El exmandatario calificó la decisión que lo mantiene encarcelado como arbitraria y denunció una persecución judicial prolongada que, aseguró, ha obligado a su familia a abandonar el país. Desde esa perspectiva, reclamó igualdad ante la ley y el fin del acoso judicial en su contra y contra el Partido Nacionalista.
El abogado penalista César Nakazaki respaldó esta posición y afirmó que el proceso contra Humala debería concluir de inmediato. Según explicó, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han fijado criterios vinculantes que establecen que las donaciones electorales, particularmente las realizadas en los procesos de 2006 y 2011, no constituyen lavado de activos.
Para el letrado, mantener a Humala en prisión bajo estos parámetros lo convierte en un detenido arbitrario y evidencia un error estructural de la fiscalía al no distinguir entre sobornos y aportes de campaña. Más allá del caso puntual, Nakazaki advirtió que esta tesis fiscal ha generado un daño profundo al sistema de partidos, al criminalizar prácticas que durante años no estuvieron tipificadas como delito, dejando en evidencia las debilidades del enfoque judicial aplicado al financiamiento político.