24 noviembre 2025.-
El Congreso vuelve a colocar bajo escrutinio a los creadores de contenido digital. Una nueva iniciativa legislativa propone que los influencers, streamers y líderes de opinión solo puedan difundir información si cuentan con un título profesional o certificación oficial, especialmente cuando tratan temas que puedan afectar la salud, la educación, la seguridad o el patrimonio de los ciudadanos. La propuesta, presentada por el congresista Wilson Soto bajo el proyecto de ley N.º 13313/2025-CR, busca establecer un marco regulatorio para el ejercicio de estas actividades.
El documento plantea que los creadores de contenido deberán acreditar estudios o especialización en la materia sobre la que informan, con el fin de evitar la desinformación científica o técnica en plataformas digitales. Además, se les exige actuar con veracidad, verificar las fuentes que utilicen y transparentar cuando un contenido es pagado, colaborativo o gratuito. Entre los requisitos propuestos se incluyen ser mayor de edad, registrar la cuenta en un padrón oficial y contar con formación profesional.
El proyecto también establece sanciones para quienes incumplan con estas obligaciones. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital estaría a cargo de imponer inhabilitaciones temporales —de 60 días hasta 3 años, según la gravedad— y multas de hasta 5 UIT (S/ 26,750) por difundir información falsa, especialmente si esta pone en riesgo la salud o el patrimonio de las personas.
La propuesta busca responder a un problema real: la proliferación de contenido engañoso o peligroso en redes sociales. Sin embargo, la iniciativa abre un debate mayor sobre libertad de expresión, regulación estatal y límites razonables. Exigir títulos profesionales para crear contenido podría convertirse en un filtro excesivo que afecte a miles de ciudadanos que ejercen su derecho a opinar e informar desde la esfera digital. Además, otorga al Estado un poder significativo para sancionar, lo que podría prestarse a arbitrariedades. Aunque el combate contra la desinformación es necesario, la solución no debería restringir la participación ciudadana ni imponer requisitos que podrían interpretarse como una forma de control sobre el discurso público.