24 NOVIEMBRE 2025.-
La expresidenta Dina Boluarte presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial con el fin de revertir la vacancia aprobada por el Congreso el pasado 10 de octubre, cuando 122 parlamentarios votaron a favor de su destitución por incapacidad moral permanente. El recurso fue ingresado ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde Boluarte sostiene que el Parlamento vulneró sus derechos durante el proceso, entre ellos el debido proceso, la defensa, la igualdad y su honor.
La exmandataria solicita dejar sin efecto la resolución congresal que formalizó su salida del cargo y pide que todo el trámite de vacancia sea retrotraído hasta el oficio emitido el 9 de octubre de 2025, argumentando que la figura de incapacidad moral permanente no puede aplicarse sin un debate y sin pruebas que sustenten la imputación, según criterios del Tribunal Constitucional. Su defensa también cuestiona el tiempo otorgado para preparar sus descargos, así como el desarrollo de la sesión en la que se le citó a las 11:30 p. m., instancia en la que ni ella ni su abogado se presentaron.
El Congreso, cabe recordar, admitió cuatro mociones de vacancia en un mismo día, lo que aceleró el proceso que finalmente terminó con su salida. Tras la destitución, su defensa legal ya había adelantado la posibilidad de una acción judicial, la cual se formalizó el lunes 24 de noviembre.
La demanda de Boluarte no solo busca recuperar la Presidencia, sino también cuestionar uno de los mecanismos más controvertidos del sistema político peruano: la vacancia por incapacidad moral. Aunque el planteamiento jurídico centra su defensa en presuntas vulneraciones al debido proceso, la exmandataria enfrenta el enorme desgaste político de un gobierno marcado por la desconexión con la ciudadanía y la ineficacia en temas urgentes como la seguridad. Su estrategia judicial podría abrir un nuevo capítulo en la tensión entre Ejecutivo y Congreso, pero difícilmente logrará recomponer una imagen pública severamente deteriorada.
