05 DICIEMBRE 2025.-
El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 inició un procedimiento para determinar si el presidente José Jerí vulneró el principio de neutralidad electoral al emitir declaraciones que habrían favorecido a Somos Perú durante una entrevista difundida en noviembre, en pleno camino hacia las elecciones de 2026. El informe de fiscalización del JNE sostiene que Jerí realizó comentarios elogiosos hacia su organización política mientras participaba del programa “El valor de la verdad” en su calidad de jefe de Estado, lo que implicaría un uso indebido de su investidura.
La fiscalizadora Wendolyne Zapata verificó que Jerí continúa inscrito en Somos Perú y mantiene antecedentes de cargos internos, lo que reforzaría la sospecha de beneficios políticos indirectos. Con estas observaciones, el caso fue trasladado al pleno del JEE para evaluar si corresponde abrir un proceso sancionador.
El reporte detalla que Jerí calificó a Somos Perú como su “único amor político” y destacó su rol en la gobernabilidad, expresiones que, según fiscalización, podrían influir en la ciudadanía. La normativa revisada —entre ellas la Ley Orgánica de Elecciones, el Reglamento de Propaganda Electoral y el Código de Ética de la Función Pública— prohíbe que autoridades utilicen su posición para favorecer a partidos en época electoral. El informe cita el artículo 32.1.2 del reglamento, que tipifica este tipo de conductas.
La oficina de fiscalización también subraya que las declaraciones se dieron en un espacio televisivo de alta audiencia y no en un acto partidario, lo que incrementa su potencial de incidencia electoral. Asimismo, considera que se cumplirían las condiciones previstas en el artículo 33 del reglamento, especialmente el literal que sanciona a las autoridades que invocan su condición pública para influir en el voto.
De confirmarse la infracción, el JEE podría emitir una declaración pública, imponer sanciones administrativas o derivar antecedentes a instancias políticas como el Congreso. Aunque no existen sanciones penales directas para un presidente en funciones, una determinación de este tipo afectaría la legitimidad del Ejecutivo, más aún cuando la LOE exige neutralidad absoluta durante los procesos electorales.
Este caso pone en evidencia una fragilidad persistente en el sistema político: la incapacidad de las más altas autoridades para mantener una separación clara entre su cargo y su militancia. Que un presidente participe en un programa televisivo para exaltar a su partido durante un periodo electoral no solo cuestiona su imparcialidad, sino que socava la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral. Aunque el JEE aún no determina responsabilidad, la situación exhibe una peligrosa tendencia a normalizar la mezcla entre función pública y propaganda encubierta. En un país donde la credibilidad estatal ya es precaria, cualquier guiño partidario desde la Presidencia constituye un retroceso democrático que exige una respuesta firme de los organismos electorales.
