05 diciembre 2025.-
El Poder Judicial rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva contra Óscar Acuña, investigado por presunto cohecho en el caso Frigoinca, y determinó que el imputado continúe el proceso en libertad. La decisión se basó en que la pena estimada para el delito atribuido —cohecho simple— no supera los cinco años, límite mínimo fijado por la reciente modificación del Código Procesal Penal para justificar esta medida restrictiva.
Aunque la Fiscalía advirtió riesgo de fuga y presentó indicios que relacionarían a Acuña con un presunto pago de S/ 77.000 realizado por un empresario vinculado a Frigoinca, el juzgado concluyó que no se cumplían plenamente los tres requisitos legales exigidos para dictar prisión preventiva. Sin ese cumplimiento integral, la medida queda descartada.
La investigación continuará mientras Acuña permanece libre, aunque el Poder Judicial dejó abierta la posibilidad de reevaluar su situación si aparecen nuevas pruebas o si el Ministerio Público amplía los cargos. El caso mantiene interés público debido a la cercanía del investigado con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, y a los cuestionamientos alrededor del programa Qali Warma.
Un reportaje de La República reveló que, el 23 de noviembre, Óscar Acuña habría sido alertado vía telefónica dentro de un local de APP en Trujillo sobre el operativo policial que buscaba detenerlo. Según la investigación, agentes de la PNP vigilaban sus movimientos cuando recibió la llamada, tras la cual abandonó el lugar y salió en un vehículo que llegó minutos después, frustrando la captura. Pese a que otros involucrados sí fueron detenidos, él logró evadir el cerco policial, incluso con vigilancia instalada en varias de sus viviendas.
El fallo judicial deja entrever un problema recurrente en los procesos por corrupción: las reformas legales pueden terminar beneficiando a investigados con nexos políticos, dificultando medidas más severas. Aunque la jueza aplicó la normativa vigente, persisten dudas sobre la efectividad de un sistema que permite que un imputado que ya evitó una detención policial siga en libertad. La modificación del Código Procesal Penal, presentada como una herramienta para evitar abusos, termina generando espacios de impunidad cuando las redes de poder influyen en operativos y decisiones clave. Este caso revela que, sin una estrategia integral contra la corrupción y sin blindaje frente a interferencias políticas, la justicia seguirá llegando tarde o incompleta.