08 MAYO 2025.- Su nombramiento fue formalizado el miércoles 7 de mayo mediante la resolución suprema N.º 069-2025-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.
En conversación con La República, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza explicó que el rol de Santiváñez dentro del consejo sería el de asesorar al actual superintendente de la Sucamec en la definición de políticas institucionales.
“El cargo que tiene en Palacio es más relevante. Ser parte del consejo directivo es básicamente para brindar orientación sobre las decisiones que adoptará la Sucamec. Habría que verificar si este cargo incluye algún bono, ya que usualmente el consejo se reúne solo una vez al mes”, declaró Pedraza.
El pasado 17 de abril, la presidenta Boluarte ya había evidenciado su cercanía con Santiváñez, al nombrarlo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Según información obtenida por La República, en esta nueva posición, Santiváñez es el responsable de manejar la agenda presidencial y de coordinar con diversas entidades para recopilar datos sobre el avance de políticas públicas.
Este retorno al entorno presidencial se produjo apenas semanas después de su salida del Gabinete Ministerial, tras ser censurado por el Congreso. El Registro de Contratación Directa del Despacho Presidencial, al que accedió La República, revela que dicha oficina puede tener hasta seis funcionarios adicionales, aparte del exministro. El presupuesto anual estimado para su funcionamiento es de S/879.212.
Casos como el de Julio Demartini, exministro del Midis e investigado por presuntas irregularidades en el programa Qali Warma (actualmente Wasi Mikuna), sugieren una táctica recurrente del gobierno de Boluarte. Pese a enfrentar una investigación fiscal por negociación incompatible y obstrucción a la justicia, fue contratado como asesor del Mincetur, con un sueldo mensual de S/15.600.
De manera similar, Santiváñez, quien también es investigado por presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias, ha sido incorporado en un puesto de confianza en Palacio.
Esta situación evidencia una estrategia del Ejecutivo: mantener dentro de su círculo a exministros bajo investigación fiscal, facilitando así que estos acrediten arraigo laboral, un elemento clave para evitar restricciones como el impedimento de salida del país.