21/04/26.-
El partido Juntos por el Perú, que postula a Roberto Sánchez a la presidencia, anunció la convocatoria a una movilización ciudadana tras la salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, decisión aceptada por la Junta Nacional de Justicia. La agrupación calificó esta medida como irregular y apuntó directamente contra Fuerza Popular y Renovación Popular, vinculados a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, respectivamente.
A través de un comunicado, la organización denunció la existencia de una campaña mediática orientada a instalar una narrativa de fraude electoral. Según su postura, este discurso tendría como finalidad debilitar la legitimidad del proceso y abrir espacio a intentos de control político sobre el sistema electoral, lo que, advierten, podría derivar en un boicot a los resultados.
En esa línea, el partido exhortó a los observadores internacionales a mantenerse vigilantes frente a lo que consideran señales de desestabilización durante el conteo de votos. Asimismo, adelantaron que los detalles de la protesta serán difundidos en breve y que la movilización busca presionar para que las instituciones garanticen la continuidad del proceso electoral sin interferencias.
Desde el ámbito legal, representantes de la agrupación rechazaron la posibilidad de convocar elecciones complementarias en Lima, propuesta impulsada por algunos sectores políticos tras las fallas logísticas del 12 de abril. Argumentan que no existe sustento jurídico para dicha medida y que cualquier intento en ese sentido vulneraría el marco legal vigente.
Esta posición también fue respaldada por Anahí Durand, quien cuestionó las propuestas de repetir los comicios, señalando que responden a intereses políticos que buscan reforzar la idea de un supuesto fraude.
El escenario evidencia una creciente polarización política en torno al proceso electoral. Mientras un sector denuncia irregularidades y plantea medidas extraordinarias, otro advierte sobre intentos de deslegitimación institucional. En este contexto, la convocatoria a marchas refleja no solo el nivel de tensión, sino también el uso de la movilización social como herramienta de presión política, lo que podría profundizar la crisis de confianza en las instituciones democráticas si no se canaliza dentro de marcos legales y transparentes.
