28/05/26.-
Keiko Fujimori reapareció en la región Junín como parte de sus actividades políticas y aprovechó la coyuntura para pronunciarse sobre la situación del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que, de llegar nuevamente al poder, su eventual gobierno ejecutará acciones para concretar la captura del exgobernador regional, actualmente con orden judicial vigente.
Durante declaraciones a la prensa, Fujimori afirmó que su gestión aplicaría todas las herramientas necesarias para detener a cualquier persona requisitoriada por la justicia. En esa línea, buscó marcar distancia del actual gobierno de Dina Boluarte y remarcó que no mantiene ningún vínculo con Cerrón. “No conozco al señor Cerrón”, sostuvo ante los medios.
La excandidata presidencial insistió en que el cumplimiento de las órdenes de captura debe ser una prioridad del Estado y aseguró que en un eventual mandato de Fuerza Popular se tomarían medidas concretas para lograr la detención del fundador de Perú Libre. Sin embargo, sus declaraciones han vuelto a poner bajo cuestionamiento la postura que tuvo su bancada parlamentaria frente al denominado “Caso Cofre”, investigación vinculada precisamente a la presunta fuga de Vladimir Cerrón.
En noviembre del 2024, congresistas de Fuerza Popular optaron por abstenerse durante la votación que buscaba otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización del Congreso. El objetivo era profundizar las pesquisas sobre el presunto uso de un vehículo oficial asignado al Despacho Presidencial de Dina Boluarte, el cual habría servido para facilitar el traslado y eventual escape del líder de Perú Libre.
La fotografía oficial difundida por el Congreso mostró que nueve legisladores fujimoristas presentes en la sesión evitaron respaldar la investigación. Entre ellos figuraron Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante, Martha Moyano y Fernando Rospigliosi, entre otros parlamentarios. De hecho, Fuerza Popular fue la bancada que registró el mayor número de abstenciones en aquella votación, acompañada por sectores de Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre y otras agrupaciones.
La decisión generó críticas debido a la aparente contradicción entre el discurso actual de Keiko Fujimori y el comportamiento político de su bancada en el Congreso. Mientras hoy exige la captura de Cerrón y cuestiona cualquier protección política, en su momento Fuerza Popular evitó respaldar una investigación que buscaba esclarecer si recursos del Estado fueron utilizados para favorecer la fuga del exgobernador.
El llamado “Caso Cofre” surgió tras un fallido operativo policial realizado en un condominio de Asia, donde presuntamente se encontraba Vladimir Cerrón. Las sospechas aumentaron cuando se reveló que un vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte ingresó al lugar y habría servido como medio de transporte para sacar al líder de Perú Libre fuera de Lima.
La polémica se intensificó luego de que el abogado del chofer vinculado al vehículo presidencial afirmara que la mandataria permaneció en el condominio sin resguardo de seguridad durante varias horas. No obstante, representantes del exclusivo recinto negaron haber registrado oficialmente el ingreso de la presidenta.
Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, incluso se deslizó la posibilidad de que Boluarte hubiera ingresado al lugar de manera encubierta, ocultándose dentro de un vehículo particular para evitar controles y registros. Estas declaraciones incrementaron las dudas sobre el nivel de participación de funcionarios del Ejecutivo en un eventual encubrimiento.
El caso continúa alimentando el debate político debido a las inconsistencias, silencios y posiciones ambiguas de distintos sectores. Mientras los discursos públicos apuntan a exigir mano dura y respeto a la ley, las decisiones tomadas en el Congreso evidencian cálculos políticos y falta de voluntad para esclarecer uno de los episodios más controversiales vinculados a la fuga de Vladimir Cerrón.
