29/05/26.-
El Ministerio Público busca revertir el archivo del denominado Caso Cócteles, proceso que involucra a Keiko Fujimori, José Chlimper, Jaime Yoshiyama y otros investigados por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. La fiscalía presentó una apelación ante el Poder Judicial con el objetivo de anular la resolución que dio por cerrado el caso tras la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
La controversia gira en torno a la decisión de un juzgado de investigación preparatoria que ejecutó el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la lideresa de Fuerza Popular. Dicha resolución no solo benefició a Fujimori, sino también a cerca de veinte personas naturales y jurídicas vinculadas al proceso, extendiendo el archivo de las investigaciones relacionadas con presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales del 2011 y 2016.
Durante la audiencia de apelación, el fiscal superior Germán Juárez sostuvo que el juez de primera instancia actuó fuera de sus competencias al ejecutar directamente la sentencia del Tribunal Constitucional y ordenar el archivo definitivo del caso. Según explicó, la resolución del TC devolvía el expediente a una etapa preliminar de investigación y correspondía exclusivamente al Ministerio Público decidir cómo proceder.
El representante fiscal cuestionó además que el juez haya ampliado los efectos del fallo constitucional a otros acusados cuyas imputaciones serían distintas a las de Keiko Fujimori. En su exposición, señaló que existió “incongruencia” en la decisión judicial, ya que, mientras se afirmaba cumplir estrictamente con el fallo del TC, se terminó dictando un sobreseimiento general que, según la fiscalía, excedía lo ordenado por el máximo intérprete de la Constitución.
El Caso Cócteles fue uno de los procesos emblemáticos de los últimos años. La fiscalía llegó a solicitar 35 años de prisión para Keiko Fujimori, acusándola de haber recibido dinero presuntamente ilícito para financiar sus campañas presidenciales. Las investigaciones incluyeron supuestos aportes irregulares provenientes de empresas y personas naturales, además de la presunta existencia de una organización criminal dentro de Fuerza Popular.
Sin embargo, la defensa de Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, sostiene que el Tribunal Constitucional determinó que no existían hechos con relevancia penal y que, por tanto, no tiene sentido retroceder el proceso a una etapa preliminar. Según argumentó, el fallo constitucional no ordenó reiniciar investigaciones, sino reconocer que la persecución penal vulneró derechos fundamentales.
La defensa también cuestionó que la fiscalía pretenda mantener vivo un caso que, según su interpretación, ya perdió sustento jurídico. En esa línea, calificó las apelaciones del Ministerio Público y de la Procuraduría de Lavado de Activos como intentos meramente formales y no de fondo.
Por su parte, la Procuraduría respaldó la apelación fiscal y advirtió que el fallo del Tribunal Constitucional no debería beneficiar automáticamente a todos los investigados. Argumentó que cada imputado tiene hechos y responsabilidades distintas, por lo que la situación legal de los demás acusados debería ser evaluada individualmente.
El debate judicial revela un nuevo episodio de tensión entre el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, en medio de un caso altamente politizado que sigue generando divisiones en el escenario nacional. Mientras la fiscalía insiste en preservar sus facultades constitucionales para investigar delitos complejos, las defensas sostienen que el proceso se convirtió en una persecución sin base legal.
La decisión final ahora queda en manos de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, que deberá determinar si el Caso Cócteles continúa bajo investigación o si el archivo dispuesto a favor de Keiko Fujimori y otros involucrados queda firme. El desenlace podría marcar un precedente clave sobre los límites entre las decisiones judiciales y las competencias del Ministerio Público en investigaciones de alto perfil político.