13 NOVIEMBRE 2025.– Las Direcciones Regionales de Educación de Lima Metropolitana y del Callao informaron que este viernes 14 de noviembre las clases pasarán a la modalidad virtual, ante el riesgo de un supuesto paro anunciado por algunos grupos de transportistas.
Según ambas instituciones, esta decisión busca proteger a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos ante un posible colapso en la movilidad. Sin embargo, la medida vuelve a evidenciar la fragilidad del sistema educativo frente a cualquier amenaza social: basta una convocatoria incierta para suspender la presencialidad.
Los colegios públicos deberán adaptarse obligatoriamente a la educación remota, mientras que los privados tendrán libertad para decidir, dejando nuevamente un espacio de desigualdad en la gestión educativa. En su Comunicado N.° 013-2025, la DRELM indicó que la prioridad es asegurar la continuidad del servicio educativo en condiciones seguras, insistiendo en mantener los canales de comunicación virtual. Por su parte, la DREC, mediante el Comunicado N.° 021-2025, ordenó a los directores chalacos implementar estrictamente la virtualidad.
El anuncio llega en medio de la confusión generada en las últimas horas respecto a un presunto paro nacional de transportes. La movilización, promovida por jóvenes de la Generación Z bajo el lema “Justicia para Eduardo Ruiz Sanz”, fue difundida en redes como una “marcha nacional por la vida y la justicia”. Aunque su convocatoria tomó fuerza, no representaba —según los propios gremios— una paralización del servicio.
Voceros del transporte como Walter Carrera (Asotrani) señalaron que solo participarán de forma simbólica, sin detener unidades, y que aprovecharán la marcha para denunciar la inseguridad y extorsiones que golpean al sector. Miguel Palomino, de la Asociación Nacional de Conductores, reafirmó que el transporte urbano en Lima operará con normalidad, mientras continúa el diálogo sobre un seguro para familiares de choferes.
En contraste, Martín Ojeda, de la Confederación Internacional del Transporte, rechazó participar por considerar que la convocatoria tiene un trasfondo político.
Tras una reunión con el presidente José Jerí y ministros del Ejecutivo, los representantes del transporte multimodal acordaron no sumarse a la movilización. Con ello, quedó claro que no habrá paro, sino una marcha ciudadana liderada por jóvenes, sin impacto en el servicio de transporte.
La suspensión de clases refleja un Estado que actúa más por temor que por información precisa. Las autoridades optaron por la virtualidad sin confirmar si existía realmente un riesgo de paralización, lo que evidencia una gestión preventiva basada en la incertidumbre y no en datos concretos. Aunque la seguridad es prioritaria, decisiones de este tipo generan alarma innecesaria y afectan la normalidad educativa. Además, exponen la dependencia del país respecto a conflictos sociales y la falta de protocolos claros para distinguir entre marchas ciudadanas y paros reales. La respuesta rápida del sector transporte al aclarar la situación contrasta con la reacción anticipada de las autoridades educativas, dejando preguntas sobre coordinación y comunicación entre instituciones.