Ventanilla, 24 octubre 2022.- ¡¿dónde están? El 27 de agosto del 2019, Karin Alvarado López de 39 años, salió a comprar caramelos para una fiesta infantil. Ella vivía con su familia, en Ica. Unos vecinos la vieron por la ruta. Después nada. A 38 meses de su desaparición, su familia y grupos feministas y de derechos humanos la siguen buscando.
“Ese día ella salió de la casa y desde esa fecha no sabemos nada de su paradero”, dice Edward, su hermano.
Pilar Antezana Pomahuallca de 34 años está desaparecida desde el 4 de agosto último. Ese día estaba en su casa cuando fue recriminada por su esposo Félix, quien le reclamó sus constantes salidas. Su familia sospecha de su pareja, con quien tenía una mala relación.
Con apenas 13 años, Xiomara K. M. P. fue reportada como desaparecida el 24 de junio. Su desesperada madre lleva cuatro meses buscándola desde aquella mañana que salió de su casa, ubicada en La Tinguiña, en Ica.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de enero a agosto se registraron 7.762 denuncias sobre mujeres desaparecidas, de las cuales solo 3.687 (48%) adultas, niñas y adolescentes fueron localizadas. ¿Dónde estás las otras 4.075?
Ellas no están. Se las llevaron. Algunas fueron víctimas de los gritos y la mano violenta. Otras se perdieron. Desaparecieron un día sin dejar rastro y pusieron en pausa la vida de sus seres queridos, como es el caso de Ana Sofía Quispe Huaripata (22), quien desapareció en Bajo Otuzco, Cajamarca, desde el 19 de octubre.
Los padres y hermanos de Rudith Wajai Ampush (13), una niña awajún desaparecida en Rioja, o de Betty Saori, o de Guadalupe Rosaura y Floriselda Román pasan las horas pensando en qué pudo haber pasado con ellas. Los carcome la desesperación de no poder tenerlas a su lado. Ellos darían cualquier cosa por un nuevo abrazo.
Los últimos reportes de la Defensoría señalan que en setiembre hubo 491 notas de alertas de mujeres desaparecidas (una menos que en agosto): 323 niñas y adolescentes y 168 adultas.
Sin embargo, de enero a setiembre ya suman 4.019 notas de alerta: 1.313 (33%) adultas y 2.706 (67%) niñas y adolescentes.
Muchas de ellas son los rostros de la violencia de género, de la trata de personas, de las problemáticas intrafamiliares y de la falta de un sistema unificado de datos que permita encontrarlas, de manera rápida y eficiente.
¿Cuántas son? ¿En dónde están? ¿Qué pasó con ellas? Las cifras no ayudan a poder armar un diagnóstico confiable porque no existe un registro único de personas buscadas y lo que hay es improvisado, por lo que queda en manos de la burocracia o de la buena voluntad de las regiones el compartir la información que tienen.
El mes pasado, la PNP registró 974 denuncias por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, siendo ubicadas 484 de ellas (49,6 %).
A muchas otras, sin embargo, se las tragó la tierra, como ocurrió hace seis años con Esthefanny Díaz, quien entonces (24 de abril del 2016) tenía 22 años y desapareció con sus hijas Tatiana (5) y Yamile (7 meses).
El caso está dormido en la Fiscalía de Mi Perú. Su familia sospecha de una prima y la pareja de la misma.
El Estado tiene la obligación de ubicarlas
La defensora del Pueblo (e), Eliana Revollar, sostiene que el Estado tiene la obligación de ubicar a las personas desaparecidas. Para ello, agrega, su actuación debe ser extremadamente diligente, sin cuestionamientos a la víctima o familiares, con perspectiva de género y sin estereotipos.
“Las primeras horas son vitales para buscarlas”, afirma.
