29/05/26.-
En un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y los cuestionamientos al sistema electoral, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, anunció que las Fuerzas Armadas desplegarán entre 45 mil y 48 mil efectivos para resguardar el desarrollo de la segunda vuelta electoral del 2026. La medida busca garantizar el traslado seguro del material electoral hacia las distintas regiones del país y evitar retrasos o incidentes similares a los registrados durante la primera vuelta.
El anuncio fue realizado tras la culminación de un simulacro multipeligro y forma parte de un operativo coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Policía Nacional. Según explicó el titular del sector, las Fuerzas Armadas acompañarán el desplazamiento de funcionarios y trabajadores electorales para asegurar que el material llegue a tiempo a cada local de votación.
Flores precisó que el rol militar estará limitado al resguardo y soporte logístico, dejando en claro que la distribución del material electoral continúa siendo una responsabilidad exclusiva de la ONPE. Con ello, el Gobierno intenta despejar cualquier suspicacia sobre una posible intervención militar en funciones propias de los organismos electorales.
El ministro sostuvo que el objetivo central es proteger la transparencia y seguridad del proceso electoral, especialmente en un escenario donde la credibilidad institucional atraviesa uno de sus momentos más delicados. Sus declaraciones se producen pocos días después de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, reconociera públicamente que la confianza ciudadana en el sistema se encuentra deteriorada tras las deficiencias observadas en la primera vuelta.
La decisión de reforzar la presencia militar refleja la preocupación de las autoridades por evitar nuevos cuestionamientos durante el balotaje. El despliegue de miles de efectivos evidencia que el Estado busca blindar el proceso frente a posibles incidentes, demoras logísticas o sospechas de irregularidades que puedan afectar aún más la percepción pública.
Sin embargo, el anuncio también deja en evidencia el nivel de fragilidad política e institucional que atraviesa el país. Que las autoridades deban reforzar de manera extraordinaria la seguridad para garantizar un proceso electoral “seguro y transparente” revela el impacto que han tenido las fallas organizativas y la creciente polarización política.
Aunque las Fuerzas Armadas insisten en que solo cumplirán funciones de apoyo y protección, el escenario refleja cómo la crisis de confianza ha obligado a las instituciones electorales a depender cada vez más de operativos de seguridad para sostener la legitimidad del proceso democrático.
La segunda vuelta del 2026 se desarrollará así bajo estricta vigilancia y en medio de una ciudadanía que observa con cautela cada paso de las autoridades electorales. El reto no solo será garantizar que el material llegue a tiempo, sino también recuperar la confianza de millones de peruanos que hoy miran el proceso con dudas y escepticismo.