30/03/26.-
El nombramiento de Roger Arévalo como nuevo presidente de Petroperú se produce en medio de cuestionamientos por antecedentes judiciales que aún no han sido resueltos. Sobre él pesa una denuncia por presunto acoso sexual presentada en 2019 por una joven trabajadora de 20 años, caso que continúa en investigación en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima.
De acuerdo con el parte policial, la denunciante acusó a Arévalo de conductas reiteradas sin consentimiento, incluyendo acercamientos físicos inapropiados y actitudes insistentes dentro de un entorno laboral. La situación resulta especialmente grave debido a la presunta relación de poder entre ambas partes. Hasta la fecha, el expediente no ha sido archivado ni cuenta con una resolución definitiva.
A este escenario se suma su inclusión en investigaciones vinculadas al caso Odebrecht, donde figura en diligencias fiscales relacionadas con presuntas irregularidades contractuales. Si bien no existe una sentencia en su contra, su nombre aparece en procesos que siguen en curso.
Este contexto plantea serias dudas sobre los criterios utilizados para su designación en la principal empresa estatal de hidrocarburos. La ausencia de un pronunciamiento final en ambos casos no elimina la carga de cuestionamientos éticos y políticos, especialmente en un país marcado por escándalos de corrupción y violencia de género. La designación evidencia vacíos en los mecanismos de evaluación y control, y expone una preocupante tolerancia institucional frente a perfiles con investigaciones abiertas.