13/07/26.-
El Poder Judicial abrió una nueva etapa en el proceso constitucional relacionado con el expresidente Pedro Castillo, luego de que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitiera a trámite una demanda de hábeas corpus presentada por su abogado, Walter Ayala. La acción legal busca que el exmandatario recupere su libertad, bajo el argumento de que se habría vulnerado su derecho constitucional a la libertad individual.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 01, emitida el 10 de julio de 2026 por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa. En el documento se dispone el inicio del procedimiento constitucional contra diversas autoridades e instituciones del Estado, entre ellas la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La resolución deja en claro que la admisión del hábeas corpus no implica la liberación inmediata de Pedro Castillo. El juzgado únicamente ha considerado que la demanda cumple con los requisitos legales para ser evaluada, por lo que ahora corresponde analizar los argumentos de la defensa y las respuestas de las entidades demandadas antes de emitir un fallo definitivo.
Como parte del proceso, la magistrada ordenó notificar a las procuradurías de las instituciones involucradas para que presenten sus descargos y la documentación que respalde su posición dentro del plazo de tres días establecido por la ley. Entre los demandados también figuran el presidente de la República, José María Balcázar Zelada; el presidente del Congreso; el ministro de Justicia; magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema; el juez supremo Juan Carlos Checkley y la fiscal de la Nación.
Con esta decisión, el expediente avanza hacia una fase de evaluación judicial en la que el juzgado determinará si existieron vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por la defensa del expresidente y si corresponde otorgar o no la tutela constitucional solicitada.
La admisión de un hábeas corpus constituye un procedimiento habitual dentro del sistema de justicia constitucional y no representa un adelanto del resultado final del proceso. Sin embargo, el caso adquiere especial relevancia debido al impacto político y jurídico que rodea al expresidente Pedro Castillo y a las implicancias que tendría una eventual decisión favorable o desfavorable.
El desarrollo del proceso será observado con atención tanto por el ámbito político como por la ciudadanía, ya que pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial frente a uno de los casos más sensibles de los últimos años. Más allá de las posiciones políticas, la resolución final deberá sustentarse exclusivamente en criterios constitucionales y jurídicos, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, sin que ello implique interferir en las investigaciones o procesos penales que continúan en curso.
