23/12/25
El Poder Judicial ratificó la detención preliminar por un plazo de 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, al declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa. Con esta decisión, queda firme la medida restrictiva dispuesta en primera instancia dentro de una investigación penal que involucra a la autoridad regional y a otros implicados.
La resolución se conoció tras la audiencia realizada durante la mañana, en la que el tribunal evaluó los argumentos expuestos por la defensa legal, encabezada por el abogado Humberto Abanto, quien solicitó la nulidad de la orden judicial. Durante su exposición, la defensa cuestionó la legalidad y proporcionalidad de la detención preliminar, al sostener que no se acreditaban de manera concreta riesgos procesales como peligro de fuga u obstrucción de la investigación.
Asimismo, se alegó que la resolución judicial contenía argumentos genéricos y que la disposición fiscal, declarada fundada en parte, no delimitaba con claridad el alcance de medidas como allanamientos, levantamiento del secreto de las comunicaciones o incautaciones. Sin embargo, el tribunal superior concluyó que estos cuestionamientos no desvirtúan los requisitos legales que justifican la detención, por lo que confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia.
La defensa también invocó precedentes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, advirtiendo que la restricción de derechos fundamentales debe superar un estricto test de proporcionalidad, y denunció una presunta vulneración al derecho de defensa. Estos argumentos fueron descartados por el colegiado.
Pese a la resolución judicial, Ciro Castillo Rojo permanece en condición de no habido, según información oficial. Aunque continúa siendo gobernador regional, sus funciones administrativas han sido asumidas por un representante designado, mientras no se define un eventual proceso de vacancia.
La confirmación de la detención preliminar refuerza la posición del Ministerio Público y marca un punto clave en una investigación que pone bajo escrutinio la gestión regional del Callao, evidenciando nuevamente las tensiones entre el ejercicio del poder político y el control judicial.