15 DICIEMBRE 2025.-
El Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 15 días del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y de otras 13 personas, en el marco de una investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en perjuicio del Estado. La decisión se da en una etapa inicial del proceso, pero revela la gravedad de los indicios presentados por el Ministerio Público.
La orden fue emitida por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, bajo la conducción del juez Edie Walther Solórzano Huaraz, tras evaluar el pedido formulado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.
Además de la detención, la resolución judicial autoriza una serie de medidas intrusivas, entre ellas allanamientos, registros personales y domiciliarios, incautación de bienes, así como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados, lo que evidencia la amplitud y complejidad de la investigación en curso.
La Fiscalía Anticorrupción del Callao informó que se emitió una orden de ubicación y captura contra Castillo Rojo, tras un operativo que incluyó el allanamiento de 27 inmuebles en Lima y el Callao, operación que permitió la detención preliminar de cuatro funcionarios del Gobierno Regional del Callao.
Según la hipótesis fiscal, una presunta organización criminal denominada “Los socios del GORE Callao” habría operado durante el año 2023, direccionando más de 60 contrataciones públicas por un monto que supera los 1,4 millones de soles, evadiendo los procedimientos de selección establecidos por la normativa vigente.
Las diligencias son dirigidas por el fiscal provincial Wils Gonzáles Morales y el fiscal adjunto Julio Cupe Gonzáles, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. En tanto, la defensa del gobernador regional anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la medida.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la persistencia de redes de presunta corrupción en los gobiernos regionales y la fragilidad de los mecanismos de control sobre las contrataciones públicas. La magnitud de las medidas autorizadas por el Poder Judicial sugiere que existen elementos que, al menos en esta etapa, justifican una investigación exhaustiva. Sin embargo, también plantea el reto de garantizar el debido proceso y evitar que estas acciones se diluyan en investigaciones prolongadas sin resultados concretos. El desenlace del caso será clave no solo para determinar responsabilidades penales, sino también para medir la real capacidad del sistema de justicia de enfrentar la corrupción en altas esferas del poder regional.