02/07/26.-
La controversia surgida tras la segunda vuelta presidencial llegó al ámbito internacional. El excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando presuntas vulneraciones a sus derechos políticos y a las garantías judiciales durante el proceso electoral que concluyó con la elección de Keiko Fujimori como presidenta.
En su petición, Sánchez sostiene que las autoridades electorales modificaron el procedimiento aplicado al procesamiento de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero. Según su versión, durante la primera vuelta las actas eran digitalizadas en los consulados, práctica que posteriormente habría sido modificada en la segunda vuelta, afectando —a su criterio— la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral.
Luego de que sus recursos fueran rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exaspirante presidencial decidió recurrir al sistema interamericano con el objetivo de que la CIDH evalúe el caso y determine si corresponde otorgar medidas cautelares mientras analiza el fondo de su denuncia.
Sin embargo, especialistas recuerdan que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH tienen un alcance limitado. Su finalidad es prevenir daños graves e irreparables a los derechos humanos y no constituyen un mecanismo para revisar resultados electorales ni para suspender proclamaciones oficiales emitidas por las autoridades nacionales.
Incluso en el supuesto de que la Comisión admita la solicitud, ello no implicaría automáticamente la paralización del proceso electoral ni modificaría la proclamación de la presidenta electa. Antes de adoptar cualquier decisión, el organismo deberá evaluar si existen circunstancias excepcionales que justifiquen su intervención.
El caso también vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la internacionalización de los conflictos electorales en América Latina. En los últimos años, diversos actores políticos han acudido al sistema interamericano tras agotar las instancias nacionales, aunque la CIDH suele mantener una posición prudente cuando las controversias están relacionadas con la interpretación de normas electorales y no con violaciones evidentes a derechos fundamentales.
Diversos especialistas en derecho constitucional consideran que las posibilidades de que prosperen las medidas cautelares son reducidas, debido a que la Comisión exige un alto estándar probatorio y, por regla general, respeta las decisiones adoptadas por las instituciones electorales de cada país cuando estas han garantizado el debido proceso.
Mientras la CIDH evalúa la admisibilidad de la solicitud, el calendario electoral continúa su curso y las autoridades peruanas avanzan con las etapas correspondientes a la transición hacia el nuevo gobierno.
La decisión de acudir a la CIDH representa una estrategia jurídica y política orientada a mantener vigente el cuestionamiento sobre el proceso electoral más allá de las instancias nacionales. No obstante, el sistema interamericano no funciona como una cuarta instancia para revisar resultados electorales, sino como un mecanismo de protección de derechos humanos frente a situaciones excepcionales.
Por ello, el impacto inmediato de la solicitud parece más político que jurídico. Aunque el caso podría generar atención internacional sobre el proceso peruano, resulta poco probable que altere la proclamación presidencial o el desarrollo institucional del país. La resolución que adopte la CIDH también será observada como un precedente sobre los límites entre la protección de derechos fundamentales y el respeto a la autonomía de las autoridades electorales nacionales.
Hemos presentado PETICIÓN Y MEDIDA CAUTELAR ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los artículos 23, 8, 25 y 13 en conexión con los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. El pedido se sustenta en el cambio de reglas… pic.twitter.com/92Lo3FmGCR
— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 2, 2026